LILIANA NOEMI PICON –
Las cadenas globales para el desempeño de servicios laborales asistenciales se expresan como el “encadenamiento de cuidados entre familias de diferentes países como fruto de la migración” y revelan “el proceso que contribuye con el sostenimiento y reproducción de las sociedades, cuando mujeres procedentes de un determinado país migran a otro para trabajar como cuidadoras, al tiempo que delegan a sus hijas/os en terceras personas —siendo generalmente otras mujeres de la propia familia—“. La transferencia de estos cuidados se realiza en base a ejes de poder, entre ellos, el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia. La dimensión transnacional se conforma “con el objetivo de sostener cotidianamente la vida” tanto en la familia de origen como en aquella en cuya estructura se integra la migrante.
El género tiene una influencia decisiva en la conformación de los flujos migratorios pues sus protagonistas son -en su mayoría- mujeres. Existe una construcción de la población migrante que descarta socialmente que los servicios de cuidado ostenten una base androcéntrica. La mujer contratada migra para asegurar ingresos suficientes a su familia y deja a sus hijos/as en el país de origen a cargo de su madre o de tías, por lo que el género asume un activo protagonismo. La fortaleza de esta reorganización familiar dependerá también del rol que asuman los hombres, ya que en muchas ocasiones se mantienen ajenos a la corresponsabilidad y, en otras, ejercen una mayor responsabilidad en el ámbito de los cuidados, pero sin adoptar el rol de responsables primarios
En la República Argentina, esta feminización se expresó a partir de la década de 1960, donde las trabajadoras migrantes iniciaron un proceso que marcó -para esta actividad- un estereotipo de género.
Courtis y Pacecca en el marco de un estudio sobre trabajo doméstico en el Area Metropolitana de Buenos Aires, al que refiere Martelotte, expresan que “…la inserción laboral más probable será en el trabajo doméstico, haciendo trabajo de mujeres para otras mujeres. Tenemos, entonces, redes femeninas en las que las migrantes se apoyan antes, durante y después de la migración: las que cuidarán a sus hijos en el lugar de origen, las que colaborarán con el viaje, las que asistirán con la vivienda y conseguirán trabajo en el lugar de destino y aquellas que les darán empleo”.
Estas cadenas de cuidado presentan asimetría social ya que los servicios son contratados por familias de clase media y alta, mientras que las cuidadoras suelen pertenecer a grupos de escasos recursos. Martelotte refiere que un documento de ONU Mujeres en el que se sintetizan nueve estudios sobre la relación entre migración y cuidados, revela que el servicio doméstico refleja más del 50 % del total de los trabajos de las mujeres migrantes, en particular, para aquellas de nacionalidad peruana, paraguaya y boliviana. Se verifican diversos niveles de formalización y regulación del trabajo doméstico migrante, situación que profundiza la diferencia entre clases, ante la innegable desigualdad negocial.
Pérez Orozco considera que las mujeres migrantes son víctimas “de estructuras económicas de desigualdad que drenan recursos hacia los países ricos, de las mujeres occidentales que se emancipan a sus costas y de sus propios esposos que no asumen su cuota de responsabilidad”. Martelotte con acierto refiere que en muchos casos la migracion femenina constituye una oportunidad para obtener una fuente de ingresos o para lograr autonomía física en el marco de una pareja. Pero para otras mujeres, importa “traspasar los límites del ámbito privado, insertándose en el espacio público…. a través de la participación en organizaciones que luchan por el reconocimiento de los derechos…”.
América Latina y el Caribe integran una de las regiones más desiguales del planeta, con urgentes necesidades de conciliar las esferas familiares y personales con las laborales, en un marco de corresponsabilidad social entre hombres y mujeres. Si bien se verifica un creciente aumento de la participación femenina en el trabajo, se ha intensificado la exclusión social y la distancia entre la economía global formal y la local informal, con claros signos de precariedad, movilidad de la mano de obra y déficit de trabajo decente. En los últimos veinte años se ha incrementado el trabajo a tiempo parcial, el subempleo, la subcontratación y los trabajos “atípicos”, excluidos de los beneficios reservados a la formalidad. Esta situación ha impactado desde un aspecto sociodemográfico, ya que las familias tienen menos hijos y cuentan con dos proveedores de ingresos y en muchos casos, es la mujer la única sostenedora. Pero también se ha incrementado la presencia de adultos mayores en las familias ante el aumento de la expectativa de vida, imponiendo destinar algún mienbro para su cuidado y atención permanente.
En este contexto, la región se enfrenta a la problemática de la migración femenina que es creciente e importa extensas cadenas de cuidado, encabezadas en la mayoría de los casos, por madres, hermanas y abuelas que permanecen en los países de origen. Se trata de mujeres que resuelven enormes vacíos en los destinos y de esta manera, subsidian con su trabajo las economías, si bien con grandes costos personales y familiares. Una importante proporción de la población de América Latina y el Caribe vive fuera del país de nacimiento. Los últimos años se han feminizado los flujos migratorios por razones laborales ante demandas de cuidado en los países de mayores ingresos, en particular, Estados Unidos y Europa. En el interior de la región también se verifican flujos migratorios desde Nicaragua a Costa Rica, de Perú a Chile y de Paraguay a Argentina. Las migrantes resuelven los vacíos de cuidado en los países de destino, a costa de sus hijos/as y madres/padres quienes permanecen en los de origen.
Estas cadenas internacionales se caracterizan por la desprotección, desigualdad de clase, género y etnia. Generalmente, la migración femenina es motivada por el deseo de asegurar bienestar económico a sus familias. No obstante ello, implican relevantes costos sociales para el grupo familiar de la trabajadora doméstica migrante, que experimenta las máximas tensiones en el trabajo frente a las responsabilidades familiares y la distancia. Las cadenas de cuidado desde el primer hasta el último eslabón son exclusivamente femeninas en esta zona y toda la estrategia conciliatoria es privada. La vulnerabilidad de los cuidado-dependientes que permanecen en el país de origen depende de la regularidad de la comunicación con la migrante y del envío de remesas. En este aspecto, se verifican diferencias en el caso de la migración transatlántica, ya que las personas que pueden costearla no pertenecen al grupo socioeconómico más bajo y su aporte al grupo familiar primario es mayor.
En los países de destino, los hogares contratantes de mujeres migrantes obtienen beneficios, pues resuelven necesidades concretas y cotidianas de cuidado, se provee bienestar físico y emocional al grupo familiar receptor, se fortalece el margen de actividad laboral y académica de sus miembros, con miras a su progreso y desarrollo.
En otros países, la migración laboral ha sido regulada bajo regímenes como el Sistema Kafala –creado en la década del 50- que, en los hechos, enmascara una de las formas de esclavitud más claras de nuestro siglo. Tuvo por finalidad permitir el ingreso de trabajadores extranjeros en ciertos países durante épocas de bonomía económica sin tener que acudir a complejos trámites de visado de trabajo para los nacionales de algunos países.
El término Kafala significa “patrocinio” en árabe y si bien la intención inicial no resultó cuestionable, lo cierto es que ha mutado con el paso de los años hasta convertirse en un régimen que transforma trabajadores en seres invisibles y explotados. Para el año 2019, se encuentra implantado en todos los países de la región del Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí, Omán, Kuwait y Qatar), aunque también en Líbano y Jordania. A pesar de la similitud del sistema, se verifican ciertas variaciones en cuanto a su implementación en cada territorio.
El sistema brinda a los “patrocinadores” –que percibirán más del 35 % del supuesto salario mensual de los/as trabajadores/as- medios legales para su control, ya que no podrán cambiar de trabajo, dejarlo o abandonar el país, pues de pretender relegar el puesto sin autorización del patrocinador, éste podría cancelar la visa de residencia, convirtiéndolo en forma automática, en un residente ilegal. En la mayoría de los casos, cuando los/as trabajadores/as arriban al hogar o al lugar de trabajo asignado, el patrocinador les suele retirar el pasaporte –actitud vedada pero no perseguida- y esta circunstancia los/as convierte en esclavos/as ya que no pueden acudir a la policía a denunciar su situación por encontrarse indocumentados. Como el sistema se encuentra en el marco de regulación del Ministerio del Interior, los/as trabajadores/as extranjeros/as no cuentran con la protección laboral que podría brindarle el Ministerio de Trabajo.
Algunas ONG como Migrant Rights sostienen que el Kafala constituye una vía a la que acuden los gobiernos para delegar la supervisión y responsabilidad de los/as trabajadores/as migrantes a ciudadanos y empresas privadas, dejándolos en total estado de desamparo. Una trabajadora doméstica de origen etíope Lensa Letisa Tufa relataba “ estuve más de un año sin poder salir de casa, ni siquiera para acercarme a una tienda del barrio. Me pegaban todos los días con cables de la electricidad, me arrastraban por el pelo a través del suelo de la casa, incluso me estampaban la cabeza contra las paredes. Un día ya no pude más, y salté por el balcón de la cocina. Estaba en un segundo piso. Me partí las dos piernas, y me destrocé la cara. Y sí, no tenía opción. Ninguna ONG, ni la policía, ni nadie, me hizo caso hasta que salí lisiada en televisión». Esta situación es común entre los/as trabajadores/as involucrados/as y conlleva la cancelación del visado de trabajo y su expulsión mediante duros procesos de deportación o un tiempo indefinido de privación de libertad.
El “Kafala” se caracteriza además por la discriminación en razón de la nacionalidad ya que los precios de contratación de los/as trabajadores/as varían según su país de origen. En el Líbano, los/as filipinos/as son los/as mejores pagos y cobran 400 dólares de media al mes y los/as de Bangladesh son los/las peores remunerados/as con una media mensual de 150 dólares. En Líbano donde el Sistema Kafala tiene una relevante presencia, las trabajadoras domésticas se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad. Según Human Rights Watch, se desempeñan un total de 250.000 trabajadoras del hogar (4 % del total poblacional del país),y estas mujeres afectadas no tienen derecho a ser reconocidas como tales, por lo que no gozan de protección ni de derechos laborales. La situación acarrea consecuencias devastadoras para las trabajadoras domésticas, continuas víctimas de abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos, y de explotación laboral. Más del 75 % de trabajadoras del hogar no cobran salario alguno; trabajan más de 14 horas al día; y no tienen ningún día de descanso a la semana ni vacaciones en todo el año. Se calcula que se suicidan dos trabajadoras del hogar semanalmente (muchas de ellas arrojándose por los balcones), aunque algunas ONG que aseguran que muchas son asesinadas por sus contratistas, con complicidad policial, ya que la autoridad suele archivar los casos de desapariciones o muertes de trabajadoras del hogar en menos de veinticuatro horas.
En época reciente, Qatar ha tomado la histórica decisión de anular los requisitos de que los/as migrantes requieran al empleador permiso para cambiar de trabajo. También es el primer país de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio. Tras la promulgación de la ley 18 del 30 de agosto de 2020, los/as trabajadores/as migrantes no requieren obtener el “certificado de no objeción” de su empleador y se elimina el requisito de visado de salida, desmantelando el sistema de patrocinio “Kafala”. La ley 17 de 2020 –que entrará en vigor seis meses después de la publicación en la Gaceta Oficial- también introdujo un salario mínimo de 1000 riales de Qatar, aplicable a todos/as los/as trabajadores/as de todas las nacionalidades y en todos los sectores, incluido el doméstico, uno de los más sensibles en el marco del sistema laboral. Exige que el empleador otorgue alojamiento y alimentación digna. Esta regulación se complementa con la Ley 19 de 2020 por la cual los/as trabajadores/as con hasta dos años de antigüedad otorguen un preaviso para finalizar y cambiar su empleo de un mes a su empleador o de dos meses si lo superan. Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo ha sostenido en época reciente que “Al introducir estos cambios significativos, Qatar ha cumplido un compromiso. He aquí lo que puede lograrse cuando los gobiernos, los trabajadores y los empleadores trabajan juntos con la OIT para promover el trabajo decente para todos”.
La referida Organización Internacional también comprometió al gobierno libanés al lanzar en el mes de marzo de 2020 una nueva consulta nacional acerca del sistema de patrocinio del país, conocido como Kafala, que se ha visto agravado por la persistente crisis económica. La situación es especialmente precaria en el caso de las trabajadoras del sector doméstico, cuya actividad no se encuentra incluida en el Código de Trabajo libanés. Líbano acoge a más de 250.000 migrantes domésticas procedentes de países africanos y asiáticos como Filipinas, Etiopía, Madagascar o Sri Lanka y que laboran en domicilios particulares, cuya explotación laboral y tráfico ha sido denunciadas por Amnistía Internacional en el informe “Their House is my Prison: Explotation of Migrant Domestic Workers in Lebanon”, publicado en el mes de abril de 2019. En él se expresa la situacion de la mujer migrante doméstica que es obligada a cumplir extensas jornadas de trabajo, a la que se le niegan días de descanso, se le retiene o reduce el salario, se le confisca el pasaporte y restringe su libertad de circulación y comunicación, se la priva de alimentos y alojamiento adecuado, se la insulta y maltrata físicamente y se le niega servicios de salud. Atrapadas y desesperadas, muchas terminan quitándose la vida para escapar de esta explotación. En marzo de 2018 la televisión Al Jadeed difundió un video grabado con móvil en el que se veía a una trabajadora migrante lanzándose al vacío desde un edificio en el sur de Beirut. En el mes de junio, el diario The Daily Star anunciaba la muerte de otras dos empleadas domésticas: una al arrojarse desde una terraza y otra ahorcada en un árbol. La Agencia IRIN News reveló que según cifras del Ministerio del Interior del Líbano, las domésticas fallecen por causas no naturales tratando de escapar o ante la imposibilidad de seguir sosteniendo la situación de explotación y esclavitud laboral. Según un estudio de la ONG contra la explotación femenina KAFA “Ya Basta”, en árabe), los atropellos cometidos contra estas mujeres empíezan cuando arriban al aeropuerto de Beirut ya que un 88 % ve confiscados sus pasaportes por los empleadores en el afán por desarticular una huída. A partir de ese momento, la trabajadora se convierte de hecho en una inmigrante sin papales. Si bien Líbano y los Estados del Golfo dieron luz verde en el año 2011 al Convenio 189 de la OIT para el Trabajo Digno en el empleo doméstico, ninguno de ellos lo ha ratificado. Existen unas 600 agencias en el Líbano dedicadas a captar a las trabajadoras en los países de origen e intermediando en la contratación, categorizándolas por nacionalidad, religión, estado civil, peso y altura. Son percibidas como seres inferiores, sin libertades ni mínimos derechos. Si bien en el año 2015 se formó el primer sindicato de trabajadoras domésticas de la región, se encuentra fuera de la legislación y no ha permitido grandes logros. De hecho, existe una preocupante tendencia a la detención forzada por parte de los servicios de seguridad interior libaneses y a la expulsión de trabajadoras consideradas reinvindicativas.
Como agudamente concluye el estudio de ONU Mujeres “Cadenas globales de cuidados”, si bien son imprescindibles para el sistema socioeconómico, constituyen una parte central de los mecanismos de inclusión y exclusión social. Porque estas cadenas internacionales ocultan, en definitiva, la gravedad de la crisis y profundiza las desigualdades sociales, sin resolver el problema estructural de la ausencia de una organización social asistencial, pues “reprivatiza la provisión de cuidados introduciendo un nuevo eje de desigualdad en torno al estatus migratorio”. Ello profundiza la discriminación laboral y la sobreexplotación de las mujeres migrantes.
Por esta razón, las políticas públicas deben considerar la situación de los hogares migrantes y la vulnerabilidad de las mujeres que se insertan en los países de destino, como una problemática de desarrollo. Es claro que la transferencia de cuidados en el país de origen genera una sobrecarga en las mujeres y jóvenes que asumen los vacíos de las migrantes, ante la ausencia de redes familiares y comunitarias y de servicios de cuidados públicos. Esta situación se encuentra agravada por la desigualdad social y la estratificación, ya que los hogares más pobres, en muchos casos, con una única proveedora, no se encuentran insertos en redes de trabajo regularizado y de alta calidad, por lo que tampoco pueden acceder a servicios de cuidados externos. Esta circunstancia sobrecarga a las mujeres adultas y de avanzada edad –en general, abuelas y tías maternas-, que permanecen en los países de origen y coloca a los niños de madres migrantes en una situación de vulnerabilidad social y sanitaria. A ello se suma que los flujos de ingresos en el hogar de origen dependerán, en gran medida, de las remesas que la migrante pueda transferir, sea “en concepto de costo que supone la manutención de los hijos e hijas dejados…” o como “contraprestación a cambio de cuidado”.
Es posible concluir que si bien el rol social de las mujeres ha sufrido las últimas décadas relevantes modificaciones que impactan en los ámbitos laborales, la actividad asistencial sigue erigiéndose como mandato naturalizado. Los cuidados son uno de los pilares del desarrollo por lo que se impone mayor responsabilidad social en su provisión y un compromiso público en la protección de los hogares de origen y de la salud psicofísica de las trabajadoras. Analizar el vínculo entre la migración y el desarrollo en el marco de las cadenas globales de cuidados permitirá priorizar la vida humana como eje del trabajo digno con perspectiva de género y fortalecer los procesos de desarrollo económico y social.