Impacto del envejecimiento demográfico en el derecho previsional argentino

por

LAURA LIDIA LENCINA

Resumen: Argentina se encuentra actualmente en una etapa avanzada de su transición demográfica, siendo su población una de las más envejecidas de la región; lo cual produce un “achatamiento” de la pirámide poblacional argentina, consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la caída de los nacimientos. El envejecimiento demográfico produce un profundo impacto en nuestro derecho previsional argentino, cada vez es más reducido el grupo de personas que trabajan y pueden realizar sus aportes mientras se incrementa el grupo de quienes reciben algún tipo de beneficio previsional. 

Introducción

Argentina atraviesa un alarmante proceso de envejecimiento poblacional, el cual se ha ido incrementando en los últimos años. La transición demográfica resulta en un gradual envejecimiento de la población, con una disminución del número de niños, un aumento de los adultos mayores y, una caída en el tamaño de la población en edades activas laborales. Este fenómeno se caracteriza, por un lado, en la producción de un incremento del gasto público y privado por una mayor demanda de servicios sociales asociados con el cuidado de la salud y las transferencias en beneficios previsionales. Por otro lado, la reducción del tamaño de la fuerza de trabajo limita la capacidad de la economía para enfrentar dicha demanda.

Desde el año 2015 viene registrándose en nuestro país una progresiva disminución en la cantidad de nacimientos. Según las estadísticas oficiales, en 2014 se habían registrado 777.012 nacidos vivos y en 2021 esta cifra disminuyó a 529.794 (DEIS, Ministerio de Salud). Aunque es posible suponer que los datos del bienio 2020-2021 pueden estar afectados por la particular situación que impuso la pandemia por COVD-19 en nuestro país y los cambios en el comportamiento social que derivaron del ASPO, la tendencia a la baja de nacimientos es previa a la situación generada por la emergencia sanitaria y la mirada sobre lo que viene ocurriendo en la última década muestra un derrotero claro hacia la disminución de la natalidad en Argentina. 

Argentina se encuentra atravesando un profundo proceso de transformación asociado al cambio demográfico. Las dinámicas en la tasa de fecundidad y mortalidad implican un gradual envejecimiento de la población. Ya a mediados del Siglo XX la tasa global de fecundidad había descendido a alrededor de 3 hijos por mujer y, desde 1980, comenzó una nueva caída hasta llegar a los niveles actuales, cercanos al reemplazo poblacional. En relación a la mortalidad, su descenso se inició a principios del siglo XX, por lo que la expectativa de vida al nacimiento tuvo aumentos sostenidos desde 1900. Se espera que esta tendencia continúe y aumente en el tiempo.

Fuente: Dirección Nacional de Población, RENAPER. Personas identificadas al 6 de Febrero de 2023. DEIS, Ministerio de Salud de la Nación.

Impacto del envejecimiento demográfico en el funcionamiento del sistema previsional argentino.

Una consecuencia inmediata de la reducción en la tasa de natalidad es el proceso de envejecimiento poblacional. Con un menor número de nacimientos, la proporción de personas mayores aumenta en relación con la población activa. Esto ejerce una presión significativa sobre los sistemas de seguridad social y atención médica, dado que hay menos contribuyentes para financiar los servicios destinados a los jubilados y los cuidados médicos. 

La disminución en la tasa de natalidad también conlleva consecuencias económicas profundas. Menos nacimientos implican menos individuos ingresando a la fuerza laboral en el futuro, lo que puede resultar en una menor capacidad de producción y un crecimiento económico más lento a largo plazo. Además, la escasez de mano de obra calificada puede obstaculizar la capacidad de las empresas para innovar y competir en el mercado global, lo cual ya constituye un desafío actual para nuestro país.

El sistema previsional enfrenta una amenaza existencial latente debido a la caída de la natalidad. Con una población activa más reducida y una proporción en crecimiento de jubilados, estos sistemas pueden volverse insostenibles a menos que se implementen reformas significativas. La falta de contribuyentes suficientes para financiar las pensiones puede resultar en déficits crónicos y una mayor presión sobre los presupuestos gubernamentales.

El envejecimiento demográfico influye directamente sobre la cantidad y cambios en el número de activos y pasivos en una sociedad y definen los límites estructurales de la “Tasa de Sostenimiento” del sistema previsional, es decir, la relación entre aportantes y beneficiarios. 

La evolución de la población activa y pasiva denota que, en términos demográficos, la fuerza de trabajo resulta cada vez menor con relación a la población pasiva, lo que implica un mayor esfuerzo por parte de aquellos que deben aportar al sistema para «sostener» a los beneficiarios de jubilaciones o pensiones. 

La relación entre el número aportantes al sistema jubilatorio, los trabajadores activos, y la cantidad de jubilados es de hasta 1,5, muy por debajo de los 3 a 4 trabajadores por pasivo que se necesitan para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA). 

Nuestro Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se financia a través de un sistema solidario de reparto, costeado principalmente a través de los aportes de los trabajadores que participan del mercado laboral; por medio de los aportes y contribuciones de las empresas y por medio de impuestos y transferencias del Tesoro. Esto significa que los sujetos activos mantienen con sus aportes a las personas inactivas para que puedan gozar de un cierto estándar de vida al momento de retirarse del mercado laboral. Este esquema se mantiene en tanto y en cuanto la relación entre activos y pasivos no descienda de ciertos niveles mínimos, la cual se considera entre 3 y 4 trabajadores en actividad por cada inactivo. De lo contrario, el sistema se vuelve inviable a largo plazo, se produce una desfinanciación de las cajas previsionales; volviéndose insostenibles. 

La elevada informalidad laboral y los problemas de la economía para generar empleo registrado disminuyen aún más la cantidad de aportantes. 

En igual sentido se produce el incremento de la esperanza de vida al nacer, lo que repercute en una mayor permanencia en el grupo de pasivos una vez logrado el beneficio previsional. 

El avance de la expectativa de vida prolonga el periodo en que el Estado se obliga a pagar. Según informes de la CEPAL, los hombres que llegaron al mundo en 1970 tenían entonces una esperanza de vida de 63 años, pero al cumplir sus 25 años, la expectativa se elevó a 68 años y, al cumplir 60, la esperanza subirá a 73 años. Para quienes están naciendo este año, la expectativa de vida es de 88 años para la mujer, y de 82 para el hombre. 

Las variables demográficas son de carácter estructural y se muestran como irreversibles; sólo podrían realizarse cambios en el propio sistema jubilatorio tendientes a incrementar el número potencial de aportantes, o disminuir relativamente el de pasivos, o aumentar el porcentaje que se retiene en concepto de aportes y contribuciones, o bien establecer financiamiento externo. 

Argentina se encuentra actualmente en una etapa avanzada de su transición demográfica, siendo su población una de las más envejecidas de la región; lo cual produce un “achatamiento” de la pirámide poblacional argentina, consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la caída de los nacimientos. En otras palabras, la población se está avejentando cada vez más y los adultos en edad de jubilarse empiezan a volverse cada vez más representativos a la hora de explicar el total poblacional, desbalanceado aún más el porcentaje de los activos y pasivos.

 La población presenta una tendencia definida hacia una estructura más envejecida: se espera que la población mayor de 65 años alcance el 20% del total poblacional en 2050 y el 29% en 2100 según datos del INDEC.

Protección social 

“El derecho a la seguridad social es el conjunto de normas jurídicas que regulan la protección del ser humano de las denominadas contingencias sociales, como la salud, vejez y desocupación” (García Nadia, 2021, p 7). 

Desde la perspectiva del sistema de protección social, y en especial de beneficios previsionales, el envejecimiento poblacional implica un mayor nivel de erogaciones, al incrementarse el número de adultos mayores y su peso relativo en la población total. Según el Banco Mundial, las transferencias en concepto de protección social se incrementarían del 10,8% del PIB actual a un 21% en 2100. El principal componente del sistema de protección social, en términos de alcance y niveles de gasto, es el sistema de pensiones. La implementación de la última Moratoria Previsional y incorporación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor permiten mejorar una de las dimensiones del sistema previsional, la cobertura, logrando un alcance superior al 90% de la población mayor de 65 años. Estas medidas, tienen su correlato en términos de esfuerzo financiero, que junto al incremento de la población dependiente implica una tendencia creciente del gasto: el gasto ascendería del 9% actual al 15% y 22% del PIB en 2050 y 2100. Ello evidencia la dificultad que tendría el sistema de pensiones en el mediano y largo plazo.

A su vez, el envejecimiento de la población no sólo implica un incremento potencial de las erogaciones sino también una reducción de los recursos contributivos. El incremento de la población en edad de retirarse implica una mayor demanda de beneficios del sistema, en tanto que la reducción del número de personas adultas jóvenes implica una disminución de los recursos por contribuciones destinados a financiar las prestaciones. Ambos efectos contrapuestos presionan sobre la sustentabilidad fiscal y económica de la seguridad social. En este marco, parece central generar las condiciones para lograr una dinámica económica que asegure, al menos, que el producto per cápita se mantenga o crezca en un contexto de creciente tasa de dependencia total, y que además se promuevan arreglos institucionales que acompañen los procesos demográficos y sociales del país. En otras palabras, la mayor presión demográfica prevista para las próximas décadas deberá tener, como respuesta, un aumento de los recursos disponibles (a través de un crecimiento sostenido de la economía) y una revisión de algunos parámetros críticos y arreglos institucionales del sistema previsional.

Según Nadia García (2021), “El ámbito de acción de la seguridad social siempre implica una actividad estatal y conlleva necesariamente un análisis social, técnico, económico e incluso ideológico de la política”. (p. 7).

Conclusiones finales

En conclusión, el envejecimiento demográfico produce un profundo impacto en nuestro derecho previsional argentino, cada vez es más reducido el grupo de personas que trabajan y pueden realizar sus aportes mientras se incrementa el grupo de quienes reciben algún tipo de beneficio del SIPA. Esto plantea una serie de desafíos políticos, fiscales y económicos que deben ser atendidos a futuro; asegurando los principios medulares de la seguridad social que siempre tenderá a la protección de las contingencias sociales en su conjunto. 

La disminución de la natalidad presenta una serie de desafíos socioeconómicos complejos que requieren una atención rápida por parte del estado argentino. Abordar estos desafíos demandará políticas innovadoras que fomenten la maternidad y la paternidad, así como medidas para apoyar a las familias y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social y económico en el futuro.

Asimismo, considero que el sistema previsional requerirá de un conjunto amplio de reformas que puedan brindar respuestas ante los requerimientos de la clase pasiva haciendo frente al fenómeno del achatamiento en la pirámide poblacional que se viene registrando hace tiempo en nuestro país, y que se reconozca a los beneficiarios el derecho a gozar de un haber acorde a la posición económica que tuvieron durante su vida laboral.

Referencias bibliográficas

Doctrina: 

  • Claps, Sergio Leandro (2024). Institutos de la Seguridad Social. Buenos Aires. Ed. La Ley.
  • García, Nadia G. (2021). Manual de la Seguridad Social. Buenos Aires. Ed. La Ley.
  • De Diego, Julian. (2011). Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (8° Edición). Buenos Aires. Ed. La Ley.

Páginas de internet consultadas: