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GENERO Y AMBIENTE EN LA ARGENTINA

PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN  PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ARGENTINA

Alberto Fantini

SUMARIO: 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. LEY 27270: DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS DE 2015. 

3. LEY 27520: DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL. 

4. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO. 

5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

6. ENFOQUES TRANSVERSALES. 

7. LINEAS DE ACCIÓN. 

8. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

Esta presentación apunta a revisar en la legislación ambiental argentina si se visibilizan las desigualdades de género y si se está trabajando para modificarlas de manera de acercarnos al objetivo de lograr la igualdad de género.

La transversalización de la perspectiva de género y diversidad en las políticas públicas implica analizar y diagnosticar diferentes situaciones considerando el género como una dimensión fundamental para comprender las desigualdades estructurales y las circunstancias particulares que vive cada grupo.

El diseño de políticas género – transformadoras implica, necesariamente, la construcción de acciones que desafían abiertamente las desigualdades de género para la promoción efectiva de la igualdad y la independencia de las mujeres y las diversas identidades y expresiones de género y orientaciones sexuales (comunidad LGBTIQ+).

Las políticas con enfoque de género y diversidad identifican, comprenden e implementan acciones para disminuir las brechas de género y superar los sesgos de género históricos en las políticas e intervenciones.

En ésta tarea, ponemos particular atención en dos leyes vigentes en la República Argentina, que llevan los números 27270 de 2016 y la 27520 de 2019.

2. LEY 27270: DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS DE 2015

LEY 27270,  es la ley que ratifica el Acuerdo de París, celebrado y firmado en la ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015, que consta de veintinueve (29) artículos y cuya copia autenticada en idioma español forma parte de la ley.

Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.   

A fin de cumplir el objetivo a largo plazo, referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, inciso a) del Acuerdo, para mantener el aumento de la temperatura  media mundial muy por debajo de 2° Celsius (C) en relación a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de Ia temperatura a 1,5° C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ella reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático, las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible.

La Argentina está comprometida con la acción climática, como se demuestra con la actualización de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional realizada en 2021 y que representa un 27,7 % más ambiciosa que la presentada en 2016, incluyéndose en la última, metas de adaptación y reducción de vulnerabilidades frente al cambio climático. 

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés) son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo. Las contribuciones determinadas a nivel nacional encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. Son los compromisos asumidos por los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (acciones de mitigación) o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno (acciones de adaptación). Las contribuciones de cada país son establecidas en función de sus circunstancias nacionales y sus respectivas capacidades.

3. LEY 27520 DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional basada en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.

El Art. 41 CN establece:

“Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”

La ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación en su artículo 2° prevé los objetivos de la misma:

a) Establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas.
b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
c) Reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.

El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático es el instrumento nacional que tiene como objetivo cumplimentar las obligaciones establecidas por la Ley N° 27520 y su decreto reglamentario n° 1030/2020. 

Este plan sistematiza la política climática nacional, es decir aquellas medidas e instrumentos a ser implementados desde la fecha (2019) hasta el año 2030, a fin de cumplimentar la Ley 27520 sobre Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y de alcanzar las metas asumidas en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional y su actualización. Es decir:

Meta de mitigación: no exceder la emisión neta de 349 MtCO2e para 2030, objetivo aplicable a todos los sectores de la economía.

Meta de adaptación: construir capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático, en los distintos gobiernos locales y sectores, a través de medidas que prioricen a las comunidades y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, y que incorporen el enfoque de género y la equidad intergeneracional.

4. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático describe el camino hacia la transición justa, incorporando el enfoque de género y la equidad intergeneracional. 

El abordaje elegido para la concreción de esta visión está centrado en las personas. En este sentido y considerando que los impactos del cambio climático no afectan a todas las personas por igual, otorga especial atención a las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad a fin de garantizar la equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas que habitan el territorio nacional. 

Puntualmente, el cambio climático tiene impactos diferenciales sobre los proyectos de vida de mujeres y la comunidad identidades y expresiones de género, y orientaciones sexuales (comunidad LGBTIQ+), generando procesos políticos, económicos, sociales, culturales que no hacen otra cosa que agudizar la inequidad de género. 

El plan incluye 250 medidas de política pública que deben aplicarse de aquí a 2030 y prioriza el gas natural como combustible de transición. También busca reducir las emisiones en las actividades agrícolas y ganaderas, y se centra en mejorar la gestión del agua.

La implementación del enfoque de género requiere lineamientos de acción que deben estar presentes a lo largo del diseño, implementación y evaluación de las políticas climáticas, con el objetivo de reducir el amplio espectro de desigualdades, discriminaciones y violencias de género.

El Plan se estructura en torno a seis líneas estratégicas, cuatro ejes transversales y cinco líneas de acción.

5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Transición energética, donde se promueve tanto la eficiencia energética como la transformación hacia una matriz más limpia y resiliente.

Transición productiva, con medidas para desarrollar cadenas de valor nacionales, fomentar la economía circular, vincular la gestión del riesgo climático a la planificación productiva e impulsar la innovación de procesos.

Movilidad sostenible, donde se presentan medidas para adaptar la infraestructura y operación del transporte ante el cambio climático, planificar la movilidad urbana, hacer un uso eficiente de la energía y contribuir al reemplazo progresivo de los combustibles fósiles.

Territorios sostenibles y resilientes, que incluye acciones para fortalecer la sostenibilidad de la vivienda y la resiliencia de la infraestructura, prevenir eventos extremos y mejorar las herramientas de gestión de residuos y efluentes.

Conservación de la biodiversidad y bienes comunes, con medidas para fortalecer el rol de los ecosistemas en la mitigación y absorción de gases de efecto invernadero, hacer un Ordenamiento Ambiental del Territorio y restaurar y conservar ecosistemas.

Gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques, que incluye medidas para promover la conservación de suelos, impulsar el uso sostenible de los bosques nativos, aumentar la diversificación y eficiencia productiva y gestionar los riesgos climáticos agroforestales y pesqueros.

6. ENFOQUES TRANSVERSALES

Los enfoques transversales constituyen temas de la agenda pública y de la realidad social que atraviesan cada una de las políticas climáticas, convirtiéndose así en fundamentos para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Los cuatro enfoques transversales que presenta el Plan son: 

Género y diversidad, Gestión Integral de Riesgos, Salud y Transición Laboral Justa. En el presente artículo nos referimos solo al primero.

Específicamente, el cambio climático tiene impactos diferenciales en los proyectos de vida de mujeres y LGBTIQ+, generando procesos políticos, económicos, sociales y productivos que sustentan las desigualdades de género. En este sentido, la perspectiva de género y diversidad regirá la política climática nacional basada en la justicia ambiental y de género.

Durante el año 2020, el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), desde el Grupo de Trabajo de Géneros, ha llevado adelante un trabajo sostenido en pos de transversalizar la perspectiva de género y diversidad en las políticas climáticas. 

De manera significativa, estos esfuerzos se ven plasmados en el enfoque adoptado en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional y en la Comunicación de Adaptación (2020).

7. LINEAS DE ACCIÓN

Se presentan cinco líneas de acción, las cuales serán retomadas y servirán de base para el diseño de la Estrategia Nacional de Género, Diversidad y Cambio Climático. 

Las líneas de acción de este enfoque transversal 

1.- Institucionalización de políticas y formación en perspectiva de género y diversidad.

Descripción

Para garantizar la implementación de medidas y acciones concretas que incorporen la perspectiva de género y diversidad, es necesario que existan espacios específicos y especialistas que tengan puesta la mirada en ese objetivo, construyendo metas concretas, medibles y realizables. 

A su vez, es indispensable la formación en perspectiva de género y diversidad para todo ámbito que se proponga reducir brechas, desigualdades y violencias. 

Esto incluye desde actores estatales hasta sectores de la sociedad civil, ONG, empresas, organizaciones de base social y política, cooperativas y otros. 

Asimismo, es necesario seguir fortaleciendo la línea de base sobre género, diversidad y cambio climático a nivel nacional y desarrollar indicadores de género para monitorear y evaluar el progreso y resultado de las políticas de adaptación y mitigación en la reducción de las brechas de género previamente identificadas.

2.- Planificación y presupuesto con perspectiva de género y diversidad:

Descripción 

El presupuesto con perspectiva de género y diversidad es una herramienta de planificación que permite identificar cuánto de lo que se invertirá en las políticas que serán desarrolladas podrá tener impacto sobre las brechas de géneros preexistentes. 

3.- Mecanismos de participación y toma de decisión de mujeres y diversidades en la formulación de estrategias:  

Descripción 

Es menester que cualquier política climática incorpore la visión y experiencia histórica de mujeres y LGBTIQ+. La realización de foros o consultas abiertas a la sociedad civil que recuperen sus saberes y experiencias, así como la construcción de mesas de trabajo donde participen mujeres y diversidades constituyen algunas de las propuestas.

4.- Formación técnico-profesional e inclusión laboral de mujeres y LGBTIQ+ en sectores estratégicos 

Descripción

La inclusión laboral en sí misma es una medida que brinda las condiciones necesarias a mujeres y LGBTIQ+ para mejorar su situación y herramientas para hacer frente a las problemáticas asociadas al cambio climático. Además, deben contemplarse la construcción y fortalecimiento de programas y proyectos que abonen a la inclusión laboral de mujeres y diversidades en sectores estratégicos. 

5.- Financiamiento de proyectos con perspectiva de género. 

Descripción

Es fundamental el desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de mujeres y LGBTIQ+ que llevan adelante acciones en territorio para hacer frente al cambio climático, facilitando el acceso a programas de financiamiento o transferencia de recursos específicos, con una lógica de redistribución.

En síntesis: 

El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático se estructura en torno a cuatro enfoques transversales, cinco líneas de acción y seis líneas estratégicas. Cada una de ellas será ejecutada a través de 57 líneas de acción que agrupan más de 240 medidas a cargo de las distintas carteras del Poder Ejecutivo Nacional.

A su vez, la perspectiva de género y diversidad se sustenta en tres ejes:

soberanía, habitabilidad y cuidados, que buscan promover intervenciones transformadoras de las brechas de género en la política climática. 

El eje de soberanía enfatiza las posibilidades que tienen mujeres y LGBTIQ+ de acceder y participar en la toma de decisiones sobre el uso y control de los bienes naturales y productivos de sus territorios. 

El eje de habitabilidad pone atención en las condiciones y calidad de vida de mujeres y LGBTIQ+ para construir espacios y modos de vida dignos, teniendo como horizonte la igualdad de géneros y la sostenibilidad. 

Finalmente, el eje de cuidados refiere a las actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la reproducción de las personas, que históricamente han sido asignadas a mujeres y LGBTIQ+.

En resumen, se han ponderado los tres ejes de acción que afirman las intervenciones género-transformadoras en la política climática: 

Soberanía y autonomía: sin duda, un aspecto determinante frente al cambio climático que implica la capacidad de decisión y gestión de la propia vida y los recursos disponibles. 

La reducción de las brechas del impacto del cambio climático debe estar atravesada por una lógica de fortalecimiento de la soberanía e independencia de mujeres y LGBTIQ+ en sus vidas y territorios. Para ello, el Plan propone impulsar mecanismos para su participación en la toma de decisiones vinculadas al cambio climático y el acceso efectivo a recursos. 

En cuanto al trabajo de cuidado no remunerado realizado históricamente por mujeres y las diversas identidades y expresiones de género, y orientaciones sexuales + es ineludible para la sostenibilidad de la vida. 

Por tanto, este eje promueve la redistribución social de este trabajo. 

La transformación hacia una organización social del cuidado más justa es un elemento clave para pensar en un desarrollo sostenible. 

Para finalizar la habitabilidad pues desde éste eje se promueve una visión para el acceso a derechos y las condiciones en las que se habitan los territorios, sumamente afectadas por el cambio climático. Por ello, resulta central proyectar políticas de adaptación y mitigación. 

Retomar esta visión desde la perspectiva de género y diversidad permite reflexionar sobre el hábitat y abordar nociones ambientales y sociales, entendiendo que las “vivencias generizadas” atraviesan profundamente las experiencias cotidianas de las personas.

Son Políticas que buscan superar las desigualdades en base al género para la promoción efectiva de la equidad de género. 

Las llamadas políticas género-transformadoras (gender-transformative policies) identifican, comprenden e implementan acciones para reducir las brechas de género y superar los históricos sesgos de género en las políticas e intervenciones; así como contribuir a la promoción activa de la igualdad de género. Estas medidas pueden incluir análisis de género que demuestren las brechas de género existentes, así como las causas y factores que las crean.

8. CONCLUSIONES

La falta de integración entre los problemas ambientales y los problemas de género y diversidad responde a un modelo de desarrollo productivo, económico, social y cultural fragmentado y hegemónico durante largas décadas a nivel global.

El cambio de rumbo encaminado a construir un futuro sostenible, inclusivo e igualitario requiere de un trabajo integral y articulado entre las diferentes agencias estatales, la sociedad civil, el sector privado y otros actores involucrados en los territorios que habitamos.

Algunos aspectos que consideramos centrales para la efectividad de las políticas frente al cambio climático son: 

Propiciar la conformación de nuevas institucionalidades que impulsen un cambio sociocultural. 

Fomentar la participación de las mujeres y las diversas identidades y expresiones de género, y orientaciones sexuales (LGBTI+) en los espacios de toma de decisiones en los distintos niveles, tanto nacionales como subnacionales. 

Fortalecer las organizaciones de mujeres y de las diversas identidades y expresiones de género, y orientaciones sexuales (LGBTI+) para la promoción de su independencia y su participación activa en las diversas instituciones políticas, culturales, educativas, deportivas, etc.  

Impulsar la participación de la diversidad de actores de la sociedad civil en conjunto con las instituciones públicas en la etapa de diseño de los planes de adaptación.