Dra. Fabiana Arabia
El principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional (punto primero del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en el año 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial).
Sin embargo, ese propósito fracasó prontamente cuando a principios de 1950 se inicia el conflicto en Corea y a partir de ese entonces le sucedieron ininterrumpidamente otros, desde Vietnam a Afganistán pasando por Chipre, Yugoslavia, Irak, Ruanda, etcétera.
Naciones Unidas se pregunta el porqué de esta situación, pero jamás se la atribuye a la problemática de las principales poten cias que confrontaron antes, durante y después de la llamada “guerra fría”, sino que la atribuye a la desigualdad en el desarrollo de los pueblos que llevaba a la confrontación por la obtención o el control de los recursos.
Analiza entonces la evolución en el Siglo XX y promociona incrementar el Crecimiento Económico ya que la generación de la riqueza provocaría un efecto “derrame” (spill-off) que alcanzaría a la totalidad de los pueblos.
Como se sabe, más allá de que efectivamente se gene ró mayor riqueza, esta “teoría del derrame” no alcanzó a producirse ya que no llegó a todos esta ganancia. Pero sí alcanzaron a la mayoría, los perjuicios del incremento de la producción para obtener riquezas, fundamentalmente en la afectación de la salud de los trabajadores y del resto de la comunidad, la contaminación ambiental y el daño a la Naturaleza.
Por ello, a aquella primera etapa de Crecimiento Económico se le adicionó -sin reemplazar- a ésta, otra etapa que contemplara el Cuidado de los Seres Humanos y de la Naturaleza. Se implementó ello con medidas tendientes a la protección de los trabajadores, la seguridad industrial, regulaciones para la distribución de medicamentos y de alimentos, más una intensa promoción del cuidado del ambiente que tuvo su momento máximo en la realización de la Cumbre de la Tierra, también conocida como Cumbre de Río (por haberse realizado en 1992 en Río de Janeiro, Brasil) donde especialmente se definieron los alcances del Desarrollo Humano Sustentable con sus tres ámbitos interrelacionados: lo ambiental con lo económico y con lo social, aspecto este último especialmente destacado en Río + 20 (Brasil, 2012) al resaltarse la necesidad del trabajo digno.
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Al día de hoy, si bien varios de esos objetivos fueron alcanzados ya que mejoró mucho el cuidado de la salud del trabajador y de la comunidad en general, y también aumentó la noción de cuidado por el ambiente, aun cuando falte mucho camino por recorrer, lo cierto es que no sólo no se avanzó en un desarrollo humano sustentable y equilibrado sino que además se incrementó la brecha entre ricos y pobres.
Por ello, Naciones Unidas consideró importante sumar una tercera etapa que es la que actualmente transitamos: la de la Distribución Equitativa de los Beneficios .
Cuando se habla de esta distribución, no se refiere a compartir la riqueza económica existente en el mundo, sino a que todas las personas puedan tener el mismo nivel de acceso a los beneficios que otorga el progreso alcanzado en el desarrollo mundial.
Dentro de estos beneficios, no cabe duda, está el d el desarrollo tecnológico que ha avanzado geométricamente en los últimos treinta años.
Sin el desarrollo tecnológico no hubiese habido avance social y así como la revolución industrial provocó una profunda transformación en la economía y la sociedad, hoy pareciera que estamos frente a una nueva revolución, la Revolución de la Tecnología y la Información que tiene por objeto datos, conocimientos, programas y velocidad de información que se convierten en factor clave de competitividad.
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Afirman los estudiosos que entre estas nuevas tecnologías, la que más influencia tuvo en el sector primario de la economía es la biotecnología y la ingeniería genética.
Es por demás evidente que los cambios tecnológicos tuvieron mucho que ver en la expansión agrícola de nuestro país. Hasta no hace muchos años atrás, la tenencia de la tierra era casi el único requisito para el in icio de esta actividad. Pero en el último tiempo, Argentina, siguiendo la tendencia mu ndial, recurrió al uso de la biotecnología, lo que le permitió en pocos años multiplicar la producción de granos, debido en gran medida a 3 razones: la aplicación del sistema de siembra directa, el uso de las semillas transgénicas y los agroquímicos ligados a esa semilla, indispensables para un mejor rendimiento de la cosecha.
En la actualidad las semillas transgénicas, alimentan al mundo a nivel masivo. Éstas son producidas a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética al cual se le han incorporado los genes de otro, para producir las características deseadas. Las cuatro semillas principales son: soja, maíz, arroz y trigo, resistentes a ciertos agroquímicos que reduce costos y mejora el control de las malezas. Entre ellas la variedad de soja RR, llamada así por ser Resistente al Roundup el herbicida de mayor venta en el mundo. Es una semilla genéticamente resistente al glifosato, herbicida que mata plantas de manera no selectiva.
Esta modernización le permitió al productor un mejor manejo del suelo, acortar los tiempos de siembra y cosecha, disminuyendo así los riesgos climáticos y de costos. El desarrollo de los implementos agrícolas (cosechadoras mecánicas,
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fertilizantes, máquinas fumigadoras), mejoró las diversas labores, todo con el fin de obtener el mayor rendimiento por cosecha evitando en gran parte las pérdidas por enfermedades o plagas.
Ahora bien, la constante innovación en materia de agroquímicos, las exigencias para su aplicación, la expansión de su utilizacióny los constantes avances en la maquinaria hicieron que el productor derivara su tarea en empresas especialmente entrenadas para las tareas de siembra, cosecha y aplicación de fertilizantes y plaguicidas. Esta incorporación tecnológica le permitió al productor agropecuario, alcanzar una cosecha record en los años 2009/10, 2014/15 colocando a nuestro país en el tercer puesto de los exportadores de granos a nivel mundial.
Toda esta modernización tecnológica tuvo su costo para el productor agropecuario y quien mejor lo identificó fue el titular de la firma Los Grobo, protagonista principal en la expansión del cultivo de soja transgénica en Argentina, quien explicó que el productor necesita servicios de logística, financieros, transferencia tecnológica, etc. Ante este panorama que requiere del aporte de profesionales especializados en el tema y mejores habilidades para superar la competencia, al productor le resulta más productivo “tercerizar” el servicio y dejarlo en manos de empresas cosechadoras, empresas fumigadoras etc.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) indica que la producción de soja hoy en Argentina genera 1 (un) puesto de trabajo cada 100 (cien) hectáreas mientras que el promedio de las pr oducciones primarias de
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proteína vegetal transformada en proteína animal generan en promedio 9 (nueve) puestos de trabajo cada 100 (cien) hectáreas. En sí ntesis, el principal cultivo producido y exportado por Argentina es la soja y es el que menos puestos de trabajo directos genera por hectárea.
En base a estudios de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), las cadenas agroalimentarias -entendiendo por tales las cadenas de granos y oleaginosas, la cadena de producción de maquinaria agrícola, la cárnica, láctea, el bioetanol y el biodiesel por formar part e de las cadenas del maíz, la caña y la soja- aportan 1 de cada 8 pesos del producto bruto interno, 1 de cada 8 pesos de la recaudación nacional de AFIP y 1,2 de cada 2 dólares de las exportaciones totales del país. Según FADA (2015) con las polític as correctas las cadena agroalimentarias (incluidas granos, carnes y leche) podrían generar medio millón de nuevos puestos de trabajo.
Ante tan buen augurio de esta actividad, en condiciones de poder aumentar sensiblemente la demanda de trabajo, lo cual es de por si meritorio, la pregunta que nos hacemos es: ¿a qué tipo de empleo se refieren esos puestos de trabajo? Porque claro está que en la agricultura, el trabaj o estuvo históricamente asociado con el trabajo precario al cual se lo intenta justificar entre otras cosas en la estacionalidad productiva y por lo tanto la constante interrupción de la relación laboral.
Estas características en nada se asemejan a la noción de trabajo decente tan promocionado por la OIT. Este es un concepto que busca expresar lo que debería
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ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica es aquel que permite el desarrollo de las propias capacidades a cambio de una contraprestación equitativa en un ambiente seguro, entonces, no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que impide un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, ni el que se lleva a cabo sin protección social.
Cuando en 1999, el Director General de la OIT, Juan Somavia, presentó su memoria “Trabajo decente” introdujo este concepto caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Sabiendo que cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de metas más amplia s como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.
Destacados estudiosos del trabajo rural, advirtieron que el trabajo de temporada en condiciones precarias, es un problema de larga data en la Argentina. Y que la contratación de trabajadores no registrados es una práctica extendida entre las empresas de agro-negocios, algunas de las cuales llegan a tener hasta 400 trabajadores no registrados.
Pese a ello, en julio de 2017 el Poder Ejecutivo firmó un convenio para cuatro sectores rurales que fue presentado como un convenio por productividad.
Dentro de este acuerdo propuesto para el sector de arándanos, manejo de silo-bolsas, sector avícola y porcino se fijó una escala de aumentos que alcanza del
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23% al 25%. Sin embargo, la gravedad pasa por atar la remuneración a la productividad que en muchos casos no es otra cosa que la explotación laboral ya que para alcanzar ese tan ansiado nivel de productividad trabaja no sólo el peón sino en muchos casos toda su familia incluyendo los hijos menores. Esta imposición al trabajador de alcanzar el nivel deseado de productividad se presta no sólo a extensas jornadas de trabajo diario, sin respeto al descanso mínimo entre jornada ni al descanso semanal, sino que además en muchos casos facilita la explotación del trabajo infantil por permitir el ingreso del trabajador con sus hijos menores.
En un ámbito donde el nivel de registración laboral es muy bajo, autorizar el desarrollo de un trabajo a destajo que impele al peón a trabajar largas jornadas para cumplir el objetivo es ni más ni menos que un espaldarazo a la explotación laboral. El “premio” a la productividad, sin límite en la extensión de la jornada, ni pautas de descansos obligatorios, facilitando el ingreso de todos los miembros de la familia sin asumir las consecuencias que podrían derivar de contingencias tales como un accidente, son condiciones favorables para el incumplimiento de las obligaciones del empleador quien por otra parte se ve beneficiado con la baja o ausencia total de inspección laboral contribuyendo esta circunstancia, a tolerar una conducta abusiva del empleador, cuando no, la explotación laboral.
Por sí solo este escenario ya es suficiente para desequilibrar la balanza en beneficio del empleador, sin embargo resta hacer foco en otro tema importante cual es el vinculado a la salud del hombre que trabaja en el campo y su familia
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que quedan expuestos a la acción tóxica de los agroquímicos y fertilizantes utilizados durante la siembra y la cosecha, de lo cual por supuesto nada se dice en los acuerdos.
Cabe destacar que el mencionado convenio de productividad, suscripto hace pocos días, se da en el contexto de uno de los mejores periodos históricos de la actividad agropecuaria que viene de una cosecha record en el 2014/15. Esta mayor producción derivó lógicamente en un mayor ingreso para el país y también benefició a los productores agropecuarios, pero poco se trasladó a los salarios porque esta actividad eficiente y competitiva que en los últimos años generó una ganancia fruto de condiciones favorables a nivel mundial no fue espejo de mejores salarios y condiciones de trabajo para el peón rural.
Basta para ello corroborar que el acuerdo para el sector que homologó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) otorga un 35% de aumento a todos los trabajadores de la actividad, para el periodo octubre 2016 – octubre 2017, lo cual evidencia el enorme atraso en los sueldos del sector y un comportamiento muy diferente a la actitud asumida al momento de homologar el acuerdo celebrado por la Asociación Bancaria.
De manera que, de la actividad agrícola surgen dos actores, por un lado los productores agropecuarios que han obtenido una importante rentabilidad favorecidos por el salto tecnológico y la década delos buenos precios de los años 2000 y por otro los trabajadores que cumplen sus tareas en una actividad que es una de las que registra mayor cantidad de trabajadores informales y donde la
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inspección laboral es claramente insuficiente, lo cual dificulta por sí sólo la verificación de las condiciones de trabajo.
Es una tarea difícil de justificar esta ambivalencia, entre una actividad agrícola pujante que genera el mayor ingreso de divisas al país y sin embargo posee el mayor índice de informalidad y abaratamiento de la fuerza de trabajo. Podemos afirmar que esto se refleja:
por un lado, directamente, cuando se abonan salarios bajos durante la contra-estación, o implícitamente en el pago a porcentaje negando las horas extras durante la temporada y,
por otro, cuando se abonan salarios bajos, reduciendo los rindes y la cantidad de hectáreas trabajadas por el obrero, para que el mis mo porcentaje signifique un monto de dinero menor al calcularse sobre una base más reducida.
Claro está que la tecnología en este punto favorece al trabajador porque la maquinaria actual tiene forma de contabilizar la cantidad de hectáreas trabajadas y los rindes de cada lote, facilitando al empleado saber la cifra precisa sobre la cual defender su salario, pero lo cierto es que los sueldos y porcentajes se calculan en base a planillas que sólo el productor y el contratista conocen y en la cual no se consigna el verdadero precio al que fueron vendidos los granos. Se crea así una nueva oportunidad de reducir una porción del salario a favor de rentas y ganancias.
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No obstante desde el sector empresario la queja se hace escuchar porque se afirma que la agricultura no es rentable debido a los altos costos, los bajos rindes y la fuerte presión impositiva, lo que lleva a un achicamiento del margen de ganancias.
La descripción de este contexto, -en el marco de un país que tiene un 38% de trabajadores sin registrar y 1 de cada 3 personas está en situación de pobreza, y en el cual los empresarios son reticentes a apostar en investigación y desarrollo porque privilegian el resultado a corto plazo-, obliga a preguntarnos a qué tipo de reforma laboral aspiramos.
Desde las fuentes oficiales se dice que la idea con relación a los trabajadores rurales, es replicar lo hecho con los trabajadores de la industria petrolera. Ahí, si bien se habla de un acuerdo marco entre los inversores, empleadores y trabajadores, parece que -en lo que a los trabajadores se refiere-, el sindicato estuvo más focalizado en mantener las inversiones y apostar a la creación de numerosos puestos de trabajo –en el futuro-, que a negociar mejoras tanto en las condiciones de empleo como en los salarios actuales.
Tenemos, además, las recientes reformas en materia laboral aprobadas en Brasil que sin duda son miradas con interés desde nuestro país, como todos aquellos movimientos que realiza el gigante sudamericano.
Si la esperada reforma a la que nuestro país apunta, es emular de alguna manera lo acordado en Brasil, en un momento en que las nuevas tecnologías hacen posible el crecimiento económico sin crear empleo, resultaría verdaderamente
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perjudicial para el trabajador que por el contrario necesita, más que nunca, la presencia del Estado en protección de sus derechos para que el capitalismo salvaje no logre su objetivo de concentrar cada vez más riqueza.
Si queremos lograr crecimiento económico en una democracia política con inclusión social, debemos garantizar a todos la posibilidad de elegir, pero para ello más que flexibilizar la jornada laboral y las condi ciones de trabajo es indispensable asegurar condiciones laborales y salarios dignos, sabiendo que la redistribución del ingreso no es un valor estático cuyo propósito es alcanzarlo, sino más bien un valor continuamente amenazado.
Sin duda, Argentina, no puede abstenerse del avance tecnológico sin pagar el precio de quedar fuera del mercado, un costo muy caro de pagar como país. Este desarrollo de las ciencias que provocó un gran cambio en los últimos años implicará un avance aún mayor y en menor tiempo par a los años por venir.
Pero lo cierto es que la experiencia mundial muestra que aquellos que están usufructuando los beneficios de los progresos tecnológicos siguen siendo el mismo grupo enriquecido y minoritario.
Aunque puede resultar de difícil aceptación, lo cierto es que en el Siglo XXI pareciera que se mantiene el mismo esquema del Siglo XIX: parafraseando a Atahualpa Yupanqui se podría decir que es el patrón de la estancia quien se lleva todos los frutos mientras quedan para el que trabaja la tierra solamente las penas.
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En efecto, vemos que el “progreso tecnológico” ha permitido el aceleramiento de los procesos agrícola-ganaderos (varias cosechas en el mismo año, mayor kilaje de carne vacuna en menos tiempo) y también ha disminuido sus riesgos de pérdida por pestes o enfermedades, tanto en cultivos como en animales, gracias a la utilización de químicos especialmente diseñados para la agricultura y la ganadería, sin contar el avance –arriba citado- de la biogenética, que ha permitido el desarrollo de semillas que no son afectadas por determinados gérmenes o de animales con mayor calidad cárnica sin grasas.
Pero estos mismos progresos en materia científica que sin duda resultan altamente beneficiosos para el productor o las sociedades productoras (“pool”), ya que mejoran los rindes de producción y lo obtienen en menor tiempo, resultan altamente perniciosos para el trabajador rural.
Por un lado, porque el avance tecnológico los ha desplazado de sus lugares de trabajo en todos los sectores (siembra, cosecha, en la agricultura; pastoreo, rodeo, en la ganadería que ahora produce con el sistema “feed lot”), pero por el otro porque el actual proceso productivo les pone en riesgo tanto su salud como la de sus familiares, como está ocurriendo a raíz de la u tilización indiscriminada de productos químicos: ya sea por fumigación (local o peor aún con la aérea) o por la falta de entrenamiento en el manejo de productos químicos, el trabajador rural y su comunidad se encuentran totalmente expuestos a graves riesgos en su salud, como lo han demostrado fallos judiciales de los últ imos años que hasta han
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condenado a cumplir penas de cárcel a productores a grícolas y a pilotos fumigadores.
Esta disparidad en el goce de los beneficios del desarrollo, que Naciones Unidas claramente identifica y por el cual promueve fuertemente su campaña por un Desarrollo Humano Sustentable, ha sido advertida también por otra figura internacional absolutamente ligada a nuestro país:
El Papa Francisco, en su Encíclica “Laudato Si” al zó su confiable voz para denunciar que el actual modelo de desarrollo puede convertirse en el mayor enemigo de “nuestra casa”, la Tierra, y particularmente de sus habitantes más vulnerables.
Por esa razón, sabiendo que las nuevas tecnologías hacen posible el crecimiento económico pero sin crear empleo o al menos sin crear todo lo esperado, debieran existir políticas públicas tendientes a aumentar l a fiscalización de la tarea rural y a brindar una formación apropiada para estos avances tecnológicos que en la vida del peón rural ha de ser continua mientras dure la actividad laboral, si queremos asegurar un puesto de trabajo en la sociedad del siglo XXI.
Si el mercado exige flexibilidad laboral, productividad, competitividad y una reducción de costos laborales debería acompañarse paralelamente esta tendencia por una política pública preocupada por capacitar, y brindar formación a los trabajadores con el propósito de transmitirles saberes y calificaciones necesarias para alcanzar las exigencias del nuevo mercado, en especial en aquellos trabajadores que están menos entrenados para hacer frente a esta realidad.
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Esta capacitación debe ser de los nuevos instrumentos tecnológicos vinculados a la actividad agrícola-ganadera, pero también en el manejo de aquellos elementos –en especial los químicos- que puedan dañar su salud y las de su familia y comunidad. Y darles la posibilidad de una reinserción laboral, si es que no logran adaptarse a estos cambios, ya que de otra manera quedarán sin ningún tipo de protección social.
Por otro lado no alcanza para paliar esta desprotección el aumento de las asignaciones universales o de planes sociales, porque eso significa tanto como vaciar de contenido la seguridad social, que no es otra cosa que el derecho a estar protegido frente a las contingencias de la vida a la cual todo ser humano está expuesto (enfermedad, vejez, muerte); y que como derecho social que es, le corresponde ejercerlo. En este sentido, la protección social debiera concebirse no sólo como la asistencia al “pobre” para que no caiga en la indigencia, sino la condición de base, para que todos gocen de una misma línea de partida.
Si al trabajador rural –aplicable también a todo otro trabajador-, se le pedirá mayor productividad, trabajo a destajo en época de temporada, contratos de trabajo interrumpidos sin goce de prestaciones según los ci clos de actividad y conocimiento en el manejo de maquinaria nueva, ¿es posible exigirle este compromiso sin que del otro lado se le otorgue una garantía de seguridad social y protección de su salario?
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La revolución tecnológica llegó para quedarse pero no es posible hacer futurología, nadie sabe exactamente qué sectores desaparecerán y qué trabajos humanos serán reemplazados por robots.
La Organización Internacional del Trabajo, con motivo de cumplir sus 100 años en 2019 exhorta a pensar acerca del futuro del trabajo. En un informe reciente, la organización, reconoció que el cambio tecnológico es un proceso complejo que provoca la pérdida de puestos de trabajo pero que a la vez crea otras fuentes de ocupación laboral. Este avance no es algo que responda, como dijimos, a las fuerzas de la naturaleza sino más bien es un cambio condicionado por distintos factores como la política, la economía, la sociedad; y por lo tanto no es ni esa tecnología ni los gobiernos los que deciden, sino que es, una realidad que se construye entre todos por lo que los trabajadores deben ser convocados a su discusión.
En conclusión, si en la actualidad hay personas de 30, 40 o 50 años que pierden su empleo por cambios tecnológicos y a la vez se ven sumergidos en la iniciativa de retrasar la edad jubilatoria, es evidente que la economía de mercado debe ser regulada para que la lucha entre ricos y pobres no se transforme en una lucha de empleados y desempleados. Así como la persona le exige al Estado la protección de su integridad física y la de sus bienes buscando la garantía de sus derechos civiles, es imprescindible exigirle al Estado que en su condición de garante último de los derechos y asegurador de los riesgos, asegure la protección social de cada persona para que aquél que pueda cambiar de paradigma no tenga obstáculos en
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alcanzarlo, pero que aquellos que ya no estén en condiciones de hacerlo no caigan en el vacío de la indigencia sino que sientan que el Estado les dará esa red social de cobertura.
Es probable que la tecnología sea una amenaza a los puestos de trabajo. Sin embargo es evidente que los países más industrializ ados como Estados Unidos y Japón tienen un nivel de desempleo muy bajo en comparación al resto de los países, en particular a los llamados “países menos avanzados” (calificación donde actualmente se encuentra Argentina) o “países emergentes” (espacio al que nuestro país aspira).
Esto lleva a pensar que el gran fantasma de la tecnología no es el desempleo sino el aumento de la polarización social. Este aumento de la polarización funciona con dos ejes:
por un lado la flexibilidad laboral, que es aquello que le permite a la empresa ganar en competitividad pero va dejando cada vez más en segundo plano, el contrato de trabajo formal, de tiempo indeterminado y con las garantías de la seguridad social y,
por otro la individualización de la relación detrabajo.
Por lo tanto hay una tendencia cada vez más fuerte a disminuir, a través de decisiones políticas, la fuerza de cohesión de las agrupaciones sindicales. Sólo a modo de ejemplo podría citarse a nuestra Argentina, donde la dirigencia
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sindical se muestra disgregada y con real escasa representatividad de los trabajadores.
El economista indio Amartya Sen, asegura que no es posible darle a todo ser humano los mismos bienes porque no son todos iguales ni tienen las mismas aspiraciones en cambio sí es necesario asegurarle a cada uno el derecho a elegir y a acceder a los beneficios del progreso
Pese a todo, aún cuando el panorama parezca sombrío , hay una certeza: las nuevas tecnologías no son un fin en sí mismo, sino un medio facilitador para brindar soluciones. Depende entonces de nosotros, que el modo de utilizarlas sea en beneficio del desarrollo sustentable y equitativo en pos de una sociedad que nos incluya a todos.
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Ponencia presentada en el IX Congreso Regional de las Américas, “Proteger el Empleo, Proteger a las Personas” realizado en Buenos Aires, desde el 11 al 13 de Octubre de 2017, organizado por la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ILERA-ARTRA).
Abogada en ejercicio de la profesión, Magíster de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.