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IBM. ARTÍCULO 12 DE LA LEY 27.348. DECRETO 669/19

MAXIMILIANO HERNÁN SIMIONATO

Resumen

En este breve trabajo hablaré de forma muy sucinta del artículo 12 de la Ley 27.348 y el Decreto 669/19, consignaré jurisprudencia a su respecto y daré mi opinión de si debe aplicarse o no el Decreto mencionado.

El artículo 12 de la Ley 27.348.

Previo a abordar el análisis de dicho artículo, me pregunto ¿Cuál es el bien jurídico tutelado de la Ley de Riesgos de Trabajo? y frente a ello cabe decir que la Ley 24.557 provocó un cambio de paradigma total ya que se pasó de un sistema indemnizatorio reparatorio a un sistema de prevención. La ley apunta a cuidar el capital del trabajador, que es su propio cuerpo, su fuerza laborativa. Nótese que cuando el empleador sufre un menoscabo en su patrimonio éste puede reemplazarlo, pero el trabajador una vez que pierde su capacidad laborativa no la vuelve a recuperar y lo único que le queda es una indemnización.

En mi opinión, agrego que no hay indemnización alguna que pueda suplir la falta de capacidad laborativa y sin entrar en un análisis filosófico cabe preguntarse ¿Cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale una mano? ¿Esa indemnización le va a asegurar al trabajador una vida digna? En fin, hoy estamos frente a un Sistema que buscar prevenir y luego indemnizar que, en su defecto, podrá discutirse la efectividad de la prevención, pero claramente surge de la norma que su fin es prevenir, reparar, promover la recalificación y por último indemnizar.

Por último, señalo que el sistema que adoptó nuestro legislador fue el sistema francés, una ley tarifada y transaccional que establecía un sistema de responsabilidad individual que instauraba una tarifa a cambio de sufrir una determinada contingencia y creaba una caja de garantía que fue el antecedente al fondo de garantía que sirve para abonar las indemnizaciones de los empleadores que no se han afiliado a una ART.

La ley 24.557 cuando delineó la ecuación para determinar las prestaciones económicas, se basó al igual que sus antecesoras la ley 9688 y 24028 en los elementos básicos “salario”, “incapacidad” y “coeficiente edad”, así como en la consideración de un factor de pérdida presunta que en la ley 9688 era equivalente a 1000 jornales y que en el actual régimen (ley 27348) está expresado por el multiplicador 53 que anteriormente era 43 y que refiere a un número predeterminado de jornadas laborales sobre las que presuntamente incidirá la incapacidad resultante del infortunio.

En su art 12 emplea el valor salarial mensual al disponer que el jornal promedio anual debe multiplicarse por 30,4 (que es el promedio anual de los días de un mes calendario.

Cabe resaltar su reforma por la ley 27348 supone un cambio radical en el calculo del ingreso base y una modificación significativa en la función y en el modo de cálculo de los intereses.

ARTICULO 12. (Ley 27.348) — Ingreso Base. Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio:


1. A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados -de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT- por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y difundido por el MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado.


3. En caso de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 1° del Decreto N° 669/2019 B.O. 30/9/2019. Se aplicará en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante)

En orden a la primera, mientras que el apartado uno del texto anterior tomaba como referencia las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con destino al sistema integrado de jubilaciones y pensiones que remitía a los artículos 6° a 9° de la ley 24241, en su nueva versión remite al concepto de salario de conformidad a lo establecido en el artículo 1° del convenio N° 95 de la OIT, el cual reza:

“a los efectos del presente Convenio, el término “salario” significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajador que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.”.

Pese a esto, la SRT sin sustento normativo alguno dictó la resolución 298/2017 que en los artículos 11 y 24 a los efectos del cálculo de la liquidación mínima corresponde de acuerdo a las previsiones de la LRT, deberá considerarse los salarios declarados por el empleador al sistema único de seguridad social.

“no integraran el cálculo del valor del ingreso base …aquellas sumas que corresponda a los conceptos establecidos en le articulo 7 de la ley 24.241 y los artículos 103 bis y 106 de la ley 20744 y todo otro concepto que no integre el salario aun cuando se liquide conjuntamente con el.”.

Otro cambio notable consistió en el abandono de la referencia salarial diaria mensualizada (30,4) para considerar el promedio mensual de todos los salarios devengados y de esta forma integrara a la base del calculo todos los pagos hechos por el empleador aun cuando no se hagan ni deban hacerse en forma mensual, tal como ocurre con el SAC, premios y gratificaciones, siempre que estos se hayan devengado, total o parcialmente en el periodo considerado.

Además, hay que agregar la actualización mes a mes de cada una de las sumas determinadas aplicando el índice RIPTE, que desde su introducción por la ley 26773 se utilizaba para actualizar los valores mínimos y las sumas fijas de las indemnizaciones. De tal manera, que para tomar el valor mensual del ingreso base se deberán considerar todas las sumas devengadas mensualmente por el trabajador en el año anterior a la primera manifestación invalidante o el tiempo trabajado si fuera menor y luego actualizarlas desde cada mes hasta la fecha de esta última, se deberá determinar su promedio dividiendo el total obtenido por 12 o el número de meses transcurridos si el periodo considerado fuera inferior a un año.

De tal forma, la suma en concepto del ingreso base devengará desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del banco de la Nación Argentina.

Apartado 3° “A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación.”

Este apartado es criticado por el Dr. Mario Ackerman ya que según lo que él interpreta es ¿los intereses que se “capitalizan” son los del apartado 2, esto, los que corresponde al “ingreso base”, o son los devengados por la indemnización cuyo pago no se hizo en tiempo y forma?

Frente a ello, dice que, si la respuesta afirmativa correspondiera a la primera interrogación, la norma parece ser innecesaria, ya que es una consecuencia del apartado 2.

En cambio, si lo que pretendiera decir la norma es lo segundo, la regla esta formulada al revés, ya que hasta el momento de la mora no habría intereses devengados, dado que no habría un producido distinto del monto indemnizatorio sin intereses.

Para mayor confusión se dictó el decreto 669/2019 que modificó una vez más el artículo 12 de la ley 24557. La modificación tuvo un propósito fundamentalmente financiero ya que, según afirma en los considerandos de este decreto de necesidad y urgencia, ella estaba destinada a evitar un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las aseguradoras y en definitiva de los beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social.

En definitiva, este decreto dispuso la aplicación de su nuevo texto en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante (art 3) y delegó en la SSN el dictado de las normas aclaratorias y complementarias del art 12 de la ley 24557 así como también medidas tendientes a simplificar el pago de las indemnizaciones y agilizar la terminación de los procesos judiciales, en beneficio de los trabajadores.

La SSN dictó la resolución 1039/2019 el 12.11.2019, en su apartado 2 se sustituyó la remisión a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a los 30 días del Banco de la Nación Argentina, por la de la variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables RIPTE en el periodo considerado.

En su apartado tercero se precisó que a partir de mora en la puesta a disposición del pago de la indemnización, se aplicara la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, con capitalización semestral, en los términos del Artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Para intentar justificar la vía extraordinaria admitida por el inciso 3 del artículo 99 de la CN y no obstante encontrarse el Congreso de la Nación en pleno periodo de sesiones ordinarias, el P.E se limitó a afirmar en un párrafo de los considerandos del DNU 669/2019 que “la naturaleza excepcional de las cuestiones hace imposible el seguir los tramites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.”.

Según afirma Ackerman ninguna explicación adicional se dio para la sustitución del art. 12 de la LRT que sea de naturaleza excepcional y que haga imposible seguir con el proceso normal impuesto por la Carta Magna para la formación de leyes. También critica el artículo 3 del DNU, ya que supone una aplicación retroactiva de las nuevas reglas del artículo 12 de la ley 24557 para el cálculo del ingreso base mensual y con éste las prestaciones dinerarias. 

Con criterio que comparto sostiene Ackerman que la inconstitucionalidad de dicho decreto no sería absoluta si no relativa, pues deberá estarse a las circunstancias de cada caso concreto, para observar si la aplicación retroactiva del nuevo criterio para el cálculo del ingreso base mensual y de la indemnización supone o no un perjuicio para el trabajador o sus derechohabientes o, por cierto, para la ART o el obligado al pago. 

Finalmente, dicho decreto fue suspendido por una medida cautelar dictada el 9 de octubre de 2019.

Ahora bien, cabe recordar que al momento del dictado de dicho decreto, su aplicación lo tornaba en un grave desmedro para el patrimonio del trabajador, ya que el interés que se aplicaba estaba por debajo de la tasa activa del Banco Nación, lo que lograba que las aseguradoras logren una ventaja patrimonial, máxime cuando el espíritu de su creación fue el de “bajar la litigiosidad”.

Sin entrar en el análisis constitucional, la fuerza del Decreto 669, a mi juicio, radica en el artículo 11.3 de la LRT, que reza “El Poder Ejecutivo nacional se encuentra facultado a mejorar las prestaciones dinerarias establecidas en la presente ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan”.

Como segunda cuestión, me pregunto ¿es más favorable para el trabajador? Bueno, la respuesta es simple, depende, ya que para ello hay que analizar caso por caso y comparar que tipo de interés era más favorable en su momento, a lo que remito al lector al cuadro que adjunto en el presente trabajo.

Ejemplo: 

COMPARACIÓN DEL INTÉRES DE LA LEY 27.348 CONTRA EL DECRETO 669/19

RIPTE VS TASA ACTIVA BNA

INFLACION VS RIPTE VS TASA ACTIVA

Siguiendo esta postura y en refuerzo de la premisa que el Decreto debe aplicarse -siempre y cuando sea más favorable para el trabajador-, la Sala I en los autos “ALVAREZ ARIEL RAUL c/ GALENO ART S.A. s/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL” dijo que si bien el Decreto 669 no supera el test de constitucionalidad, el art 11.3 de la Ley 24,557 faculta al Poder Ejecutivo a mejorar el contenido económico de las prestaciones dinerarias.

Por otro lado, distinta fue la postura en los autos “Crettaz, Hugo Dimas vs. Iapser ART S.A. s. Accidente de Trabajo – Recurso de inaplicabilidad de ley /// STJ, Entre Ríos; 08/02/2023; Rubinzal Online; RC J 448/23”

La Cámara decidió que el DNU 669/2019 no resultaba aplicable al caso porque no se encontraba vigente cuando ocurrió el accidente de trabajo -23/09/2017- en virtud de lo decidido por la CSJN en el precedente «Espósito”. Asimismo, sostuvo que la aplicación del mencionado decreto importaría un desmedro en la liquidación que redundaría en un perjuicio para el trabajador. En este punto, la recurrente se agravia respecto de la violación a las disposiciones previstas por el art. 3, Decreto 669/2019 (en vigencia desde el 09/10/2019), siendo que el mismo prevé su aplicación retroactiva. De los considerandos del DNU 669/2019, surge explícitamente su motivación, esto es, disminuir el monto de las indemnizaciones sistémicas de la Ley 24557 al reemplazar la tasa activa por el RIPTE para su ajuste. Sin embargo, el art. 3 de dicha norma posee un efecto secundario que el Poder Ejecutivo no advirtió, al ser aplicable la forma de actualización de la indemnización a contingencias cuya primera manifestación invalidante tuvo lugar hace varios años. Posteriormente, el art. 3, Res. 1039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, estableció que el cálculo de interés previsto en el inc. 2, art. 12, Ley 24557, se calcularía en forma simple, sumando las variaciones diarias del RIPTE correspondientes a la cantidad de días transcurridos entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la fecha de cálculo de la reserva o la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización. Tal disposición afecta el principio de progresividad y produce un efecto pernicioso sobre el accidentado, por lo que corresponde decretar su inconstitucionalidad, toda vez que afecta el derecho de propiedad del trabajador, el cual no puede ser vulnerado por la aplicación de tal resolución administrativa. En virtud de lo expuesto, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, se casa la sentencia apelada en los términos de los arts. 284 y 285, CPCC de Entre Ríos aplicables por remisión del art. 140, CPL y se declara la inconstitucionalidad del art. 3, Res. 1039/2019 de la SSN, debiendo remitirse estas actuaciones a la instancia de mérito para que liquide las prestaciones indemnizatorias correspondientes, de conformidad a los lineamientos desarrollados.

Nótese que los fundamentos esgrimidos por el PEN para instaurar la modificación introducida por el decreto 669 fue advertir “que actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42%) promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al NOVENTA POR CIENTO (90%). Que además del referido desequilibrio sistémico, el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma”.

Afirma el Dr. Schick que las ART tienen un elevado nivel de rentabilidad y así lo sustenta en su informe laboral N° 47, al cual remito por cuestiones de brevedad http://www.estudioschick.com.ar/wp-content/uploads/2019/01/in_47.pdf

Memoro el dictamen del Dr. Miguel Ángel Gilligan, quien entendió que los fundamentos brindados para el dictado del DNU no significaron, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, una justificación suficiente “como para no dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, ni que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes”.

En su dictamen, afirmó que “La fuerte incidencia social y colectiva de la reforma, sumadas a la sensibilidad social de la temática involucrada, donde está en juego la reparación de víctimas de accidentes y enfermedades de trabajo que ven menguada su capacidad laborativa de manera definitiva e irreversible, tornaban necesario con mayor razón aún que una reforma de estas características fuera objeto de debate legislativo y debido tratamiento y participación por parte de los principales actores y sujetos de la materia, tales como las organizaciones sindicales, patronales y las propias Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), entre otros”, resaltó el fiscal federal.

Por otra parte, señaló que “desde las reglas de la teoría general del Derecho de Trabajo, la nueva norma resulta una clara violación al principio de progresividad y no regresividad cuya constitucionalidad fuera reiteradamente reconocida por la jurisprudencia” de la Corte, que citó, “y, en consecuencia, una flagrante violación de los principios receptados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de la protección que recae sobre el trabajador en tanto sujeto de preferente tutela constitucional”. “Se ha advertido -continuó-, que no caben dudas que la ley 27.348 es una ley más protectoria y favorable a los intereses del trabajador que la norma recientemente sancionada, de modo que esta última se debe ver desplazada por aquélla por aplicación de la regla de la norma más favorable derivada de los principios constitucionales de protección del trabajador y progresividad de los derechos sociales”.

A ello añadió que también se vulneró el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Al respecto marcó que no se guardaron los recaudos previstos en la Observación General Nº 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entre otras cosas establece que “si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte probar que las han adoptado tras un examen minucioso de todas las alternativas posibles y que estén debidamente justificadas”.

Tras recordar el criterio restrictivo con el que debe evaluarse la inconstitucionalidad de una norma, opinó que el Juzgado Federal N°6 en lo Contencioso Administrativo Federal debe admitir la acción de amparo y declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 “ante el carácter manifiesto de la ilegalidad”.

En cuanto a su inconstitucionalidad:

a)    Inconstitucionalidad formal. Nulidad.

En primer lugar, se trata de un decreto de necesidad y urgencia, cuyo presupuesto esencial para su dictado es, entre otros, la existencia de “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” de acuerdo al tercer párrafo del inc. 3) del art. 99 de la C.N. En el momento de su dictado (27-9-2019) el Congreso Nacional se encontraba en pleno funcionamiento

Por cierto, en los considerandos del decreto no se hace alusión a dificultad alguna que amerite recurrir a este tipo de herramienta, que se encuentra vedada en forma expresa por el segundo párrafo de la mencionada norma constitucional. Además, la materia que abarca bien pudo haber esperado el trámite parlamentario, con lo que la urgencia no se encuentra justificada en manera alguna.

Si nos preguntamos cual es la necesidad para el dictado de la norma, de los considerandos obtenemos la respuesta: beneficiar a la parte más fuerte de la relación, esto es, a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, mejorando su rentabilidad.

Esta necesidad solo puede estar en mente de una administración que desea favorecer a la parte más fuerte del sinalagma contractual, lo que viola en forma ostensible el principio protectorio establecido por el art. 14 bis. de la CN y los tratados internacionales a los que haremos referencia más adelante.

Tampoco en los considerandos se esboza justificación de la imposibilidad de seguir el trámite normal de sanción y aprobación de las leyes (necesidad), por lo que el  referido decreto es nulo de nulidad absoluta, por violar el procedimiento para su dictado en la carta magna.

En estos casos, si se decretara la inconstitucionalidad por dicha causa en algún juicio colectivo, la norma no generaría efectos jurídicos mientas ha estado vigente, consecuencia que se desprende de una norma que resulta nula en Derecho del Trabajo, ya que la misma L.C.T establece en el art. 13 que las cláusulas nulas del contrato, en este caso una norma nula, son reemplazadas por las que establece el orden público laboral

Los decretos de necesidad y urgencia han sido reglamentados por la ley 26.122, que tienen un mecanismo que en los hechos convalida dichas normas si no son tratadas por la Comisión Bicameral Permanente.

En efecto, si el Jefe de Gabinete no remite el decreto en el plazo de 10 días para su consideración por dicha Comisión Bicameral, la norma prevé que ésta tiene un plazo de 10 días para abocarse al tratamiento de la misma. No se establece consecuencia alguna para el caso de que dicho órgano bicameral incumpla con la manda legal, o si cumplida no dictaminare sobre la norma y las Cámaras no se abocan a su tratamiento. De esta forma se convalida, por omisión, la validez del decreto de necesidad y urgencia.

Entendemos que la omisión de la Jefatura de Gabinete como de la Comisión Bicameral no puede traer aparejada la validez constitucional de estos decretos, cuando el principio sentado por la constitución es la prohibición hacia el Poder Ejecutivo de sancionar este tipo de norma y su habilitación solo en situaciones extremas. La excepción no puede constituir la regla y si los órganos establecidos en la C.N. no actúan la norma debe considerarse nula.

Debemos destacar que la mencionada ley 26.122, al no establecer que sucede en caso de que no se actúe y por lo tanto convalidar la norma por omisión, convierte en letra muerta la norma constitucional, por lo que también debe ser declarada inconstitucional.

b)    Inconstitucionalidad material:

En este aspecto, en los considerandos del decreto en cuestión, que  procede a reformar el art. 12 (ingreso base) de la ley 24.557, se fundamenta el mismo en el daño o menoscabo económico a la mal llamada Industria Aseguradora. Se alude a que el rendimiento de sus inversiones se encuentre en el orden del 42%, cosa absolutamente falsa. Basta comprobar que si un particular puede efectuar una colocación a plazo fijo, que rendía un 60% anual en el momento de la sanción del decreto, estas empresas, que manejan capitales mucho mayores, pueden comprobar bonos que pagaban el 72% en ese momento, sin perjuicio de otras inversiones con rendimientos mayores a los que tienen acceso este tipo de sociedades comerciales.

Tampoco es cierto que la tasa de interés aludida en el art. 12 reformado se encuentre cercana al 90%.

Asimismo, debemos considerar que las inversiones no son el principal ingreso de las ART y que el lapso de tiempo que va de la primera manifestación invalidante a la puesta a disposición de la indemnización no constituye la parte más importante del costo de la mima. En ese tramo se trata de compensar a la víctima por falta de disposición de la indemnización en se tramo. Es, como ya se dijo, un interés compensatorio.

En cambio el  R.I.P.T.E. ha sido instaurado para mantener el poder adquisitivo del salario o las indemnizaciones que se calculen en base al mismo. Son dos cosas muy distintas.

Reparemos en el hecho de que en un reclamo fundado en el derecho civil o en el caso de una relación no registrada, que tiene acceso directo a la justicia, sin pasar por el macabro laberinto de las Comisiones Médicas, se aplicaría la tasa judicial de la jurisdicción competente. De esta forma un trabajador en negro estaría en mejores condiciones que uno registrado, lo cual conlleva una importante discriminación.

Por consiguiente, resulta evidente a esa altura del relato, que se ha tratado de favorecer a la parte más fuerte de la relación en detrimento de la más débil. Con el simple trámite de elevar unas décimas la alícuota que se le cobra a las empresas se hubiera atendido al supuesto desequilibrio económico al que aluden los considerandos del decreto. Surge contradictorio en una administración que rinde culto al “Dios mercado”. Esto viola en forma ostensible el principio protectorio establecido en el art. 14 bis. de la C.N.

Asimismo, el decreto viola el principio de progresividad que deben respetar las normas laborales y de la seguridad social. Abarcando el decreto esta última disciplina, se hace más ostensible el carácter regresivo al establecer semejante disminución, casi a la mitad de la tasa de interés prevista. Esta y otras cuestiones han sido abordadas por un documento realizado por la Asociación de Abogados Laboralistas, que en relación a lo expuesto dice:” Asimismo, la norma en cuestión menoscaba el bloque de constitucionalidad federal, en diferentes y graves aspectos. Primero, dado su carácter notoriamente regresivo, vale decir, en el caso, reductora del grado de protección jurídica que habían alcanzado las y los trabajadores en orden a la reparación de los accidentes y enfermedades del trabajo de los que resultaran víctimas. En tal sentido, tiene dicho y repetido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte SJN) que su jurisprudencia ha consagrado, desde 2004, “el principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas [el cual] no solo es un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia” (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c. Poder Ejecutivo Nacional y otro, Fallos 338:1347, 24/11/2015, § 6 y sus citas).”

La cuantía de la disminución ha sido calculada por la Dra. Adriana Séneca[7], donde se efectúan ejemplares cuadros comparativos correspondientes a lo dispuesto por la norma (art. 12 ley 24.557) original y la pretendida reforma del decreto que se ataca.

c) Retroactividad de la norma

El art. 3 del decreto 669/19 establece:”Las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.”

La norma pretende establecer su aplicación en forma retroactiva, ya que se deja de la de lado la primera manifestación invalidante para establecer el momento a partir del cual empieza a regir.

Sin embargo, antes de analizar su aplicación en el tiempo, debemos preguntarnos, en forma preliminar,  si se trata de una norma que regula derecho sustancial o procesal.

Como ya se dijo, los intereses que dispone el art. 12 de la ley 24.557 son compensatorios, ya que compensan la falta de disposición de las sumas correspondientes entre la primera manifestación invalidante y la puesta a disposición de la indemnización a favor de la víctima. Tratándose de este tipo de intereses nos encontramos frente a una norma de derecho sustancial, distinto al caso de los intereses moratorios que son los que se abonan por el incumplimiento. Estos últimos se encuentran previstos en normas procesales.

Por consiguiente, como toda norma sustantiva, la misma se aplica a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su vigencia. El referido decreto entró en vigencia el 9 de octubre de 2019 y, por lo tanto, se aplicará a los accidentes y/o enfermedades profesionales cuya manifestación invalidante acontezca luego de esa fecha.

El decreto establece que la primera manifestación invalidante no será considerada para establecer la vigencia del mismo, con lo que convierte a la norma en retroactiva, al pretender aplicarla a todos los reclamos en curso. Su límite estaría dado por la sanción misma de la ley 24.557, ya que con anterioridad a la ley 27.348 no se había previsto intereses específicos para dicha etapa, aplicándose los judiciales en el tramo anterior. Un completo absurdo.

El art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que las normas retroactivas no pueden afectar derechos amparados por garantías constitucionales, y resulta evidente que en este caso se viola el art. 14 bis y el derecho de propiedad del trabajador previsto en el art. 17 de la C.N.

La violación de los límites impuestos por la referida norma, por parte el decreto que se impugna, la convierte en una norma no retroactiva, por lo que se deberá aplicar en el momento señalado precedentemente.

Conclusión

Desde mi óptica lo cuestionable del Decreto en cuestión es si ¿surgían los requisitos de necesidad y urgencia para su dictado?. Creo que el fin que tuvo el legislador en dictar una norma que a minorice la litigiosidad -favoreciendo a las aseguradoras- tuvo su efecto contrario, ya que se tornó -hoy en día y dependiendo el expediente en cuestión- más favorable para el trabajador. De todas formas, y en mi opinión, el trabajador es sujeto de preferente tutela, así como se sostuvo en el excelente y memorable fallo de “Vizotti” y conforme el principio de progresividad y el principio protectorio, la norma no puede y no debe ir en contra del trabajador. Y en esos casos que así lo sea, es donde el Juez mediante el uso de los principios del derecho del trabajo debe suplir las falencias del legislador. Agrego que el mencionado Decreto denota una falta de técnica legislativa, ya que de forma muy sucinta dice que se aplica a todas las contingencias que estuvieran pendientes de resolución contradiciendo el artículo 7mo. Del Código Civil y Comercial de la Nación, donde expresamente prohíbe la retroactividad de la ley y que sus efectos rigen para el futuro.

Como paradoja parece que la historia se vuelve a repetir, con respecto a materia de infortunios laborales, tal es así que como golpe a la memoria el legislador nos trae el Decreto 669/19. Esto da la sensación de que aún, en nuestra Argentina moderna, no se puso el foco en el núcleo de la Ley de Riesgos, que no son las aseguradas y tampoco los empleadores, si no la prevención del trabajador.

NOTAS AL PIE

1- Libro: Ley de Riesgos del Trabajo (2021), Editorial Rubinzal Culzoni

2- Cuadro del Dr. Ramiro Rafael Ruiz Fernández publicado en la revista de derecho laboral año 2020-1.

3-  Revista Asociación de Abogados Laboralistas. Adolfo Matarrese