FRANCISCO VICENTE CAPORICCIO[1]
Marzo del 2020 fue un antes y un después en la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Nuestro país no fue la excepción y los asuntos cotidianos sufrieron un cambio de raíz que afectó a cada ciudadano. Tuvimos que ponernos a buscar alternativas para llevar adelante nuestros quehaceres diarios y hoy por hoy, luego del tiempo, nos perdemos en las nuevas normalidades y costumbres modernas que creemos, inconscientemente, que siempre fueron así. Pero, aunque parezca increíble, las circunstancias actuales nos obligan a volver a hacer un análisis: ¿Qué se transformó desde entonces? ¿Qué dejamos atrás en nuestras vidas? ¿Qué mejoramos?
Desde mi ingreso en el fuero laboral en marzo 2019, todo fue una constante excepto la constancia. El cambio se transformó en la estabilidad, no solo en la realidad diversa que enfrentan los juzgados que componen el conjunto que tiene como fin impartir justicia en una temática tan relevante en nuestra sociedad como es el trabajo, sino también en la ciudadanía. Cuando pensas en nuestras vidas en el 2019, ¿No coincidís con la idea de que todo se ha transformado y que pocas cosas se han mantenido igual?. Bueno, eso le pasa a todo el entramado social, no solo nacional, sino a nivel global.
Las sociedades han tenido que adaptarse a realidades totalmente ajenas a lo conocido. La necesidad de comunicarnos, acortar distancias físicas y agilizar los procesos no solo son una tendencia, ya son un imperativo que nos define como especie. El mundo ha cambiado lo suficiente como para entender, de una buena vez, que el mero hecho de mantener usos y costumbres no es positivo por si mismo, sino que debe estar acompañado de un respaldo estadístico que permita justificar esa necesidad, mínimamente.
Esta situación no es ajena al servicio de justicia que brindamos. Este ha sufrido diversas transformaciones, con avances y retrocesos, según la visión de los múltiples actores que forman parte, día a día, de la vida judicial. Teniendo en cuenta que en este ámbito siempre se le da valor a las costumbres y normas que prevalecen en el tiempo, asentándose y alcanzando una legitimidad que se apoya en años de repetición, la implementación de tecnología ha sido revolucionaria y conflictiva desde el comienzo.
No todo es sencillo
La implementación de medios electrónicos y digitales en el proceso judicial es un proyecto que tuvo su paso inicial en 2011, con la sanción de la Ley 26.685 donde se dispuso «la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación».
Al poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 31/2011 en la que dio el primer paso a la digitalización, anunciando la instalación de un Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE). En ese tramo, la Corte dictó las acordadas 3/2012, 8/2012, 29/2012, 14/2013, 15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013, 2/2014, 6/2014, 11/2014 y 3/2015 que continuaron con la reglamentación del sistema, hasta arribar a su aplicación obligatoria para el Poder Judicial de la Nación a partir del 2 de mayo de 2016.
En consonancia con los intentos de informatización que se iniciaron, el “Consejo de la Magistratura convocó a una licitación para que el poder judicial tuviera un sistema informático que le permitiera a jueces y abogados no sólo la consulta on line de expedientes, sino también presentar escritos, hacer notificaciones y, en términos generales, gestionar los expedientes en forma digital. El objetivo sería reemplazar los expedientes de papel por expedientes digitalizados”. [2]
Esta licitación tuvo la participación de cuatro empresas: Sistemas Jurídicos Octomind, Editorial La Ley-Ley West (Thompson-Reuters), Atos Origin-Base 100 y también Unitech-Indra (Ésta última se encarga del cómputo de votos en las elecciones nacionales). Finalmente resultó adjudicataria de la licitación la UTE Atos Origin-Base 100 por una suma cercana a los 64 millones de pesos.[3]
Ya con la licitación adjudicada, comenzaron las obras de infraestructura necesarias para iniciar un funcionamiento deseable en cada Fuero. Durante el acto de inauguración del Data Center que se dio el 15 de diciembre de 2010, el ex presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, aseguró: “Esta obra significa mejorar el servicio de justicia, hacerlo mucho más rápido a través de la incorporación de tecnología para facilitar el acceso de todos los ciudadanos”[4] .
En paralelo, el ex presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral afirmó: “Esto es un hecho histórico que va a permitir transformar la forma de trabajo judicial y dar una respuesta más eficiente a los reclamos de aquellos que necesitan de la Justicia” [5].
Las expectativas respondían a un reclamo claro frente a la realidad judicial: mayor celeridad, eficiencia y eficacia. Es por ello que el paso hacia adelante era una necesidad solicitada fuertemente por cada actor representativo de la vida judicial.
LEX GO
Ya con la implementación del LEX 100, los problemas y quejas no tardaron en llegar. El desarrollo tecnológico definitivo junto a un programa que no satisfizo, en sus inicios, las demandas de ambas partes del mostrador, es decir, judiciales y letrados, ha dado que hablar a lo largo de estos casi 10 años de aplicación, transformación y desarrollo. Esto se vio con la falta de inversión junto a la ausencia de decisión política a la hora de impulsar, de una buena vez, la total implementación del expediente digital, que cabe recordar, es una iniciativa que se encuentra aprobada desde el año 2011, lo que ha llevado a un lento pero constante avance del sistema LEX 100 como así también al desarrollo de un método híbrido que combinó ciertas notificaciones de procesos jurídicos a través de la virtualidad, pero con la inentendible necesidad de que los documentos que los letrados debían generar o entregar a los Juzgados para el avance del proceso judicial debieran ser físicos.
Pandemia: ganancia de visionarios
Esta situación tocó fondo en marzo del 2020, donde la Pandemia global de COVID llevó a la necesidad de cortar durante 2 semanas el servicio de justicia para reorganizar y evitar el contacto entre individuos tal y como resaltaba el Gobierno Nacional.
Como se ha expuesto previamente, el funcionamiento del servicio de justicia de la Nación ha estado bajo la lupa desde hace tiempo. Las quejas incesantes no solo se centran en las sentencias de jueces y juezas sino también en los tiempos en los cuáles se llevan adelante los diversos pasos de un juicio.
Aquí nos toca analizar de fondo nuestro servicio de Justicia en el Fuero laboral de la Nación. En este contexto mencionado, la distancia social fue el principal motor para incentivar el cambio de procesos burocráticos en el Fuero: ¿Cómo fue posible transitar aquellas circunstancias? Y, aún más importante, en la actualidad caracterizada por el regreso a la vida “normal” prepandémica ¿Qué aprendimos y adquirimos de estos cambios?
Más allá de las visibles mejoras que produjo la modernización de la Justicia y el aumento del trabajo realizado, no hay que perder de vista la importancia del capital humano que, desde diferentes áreas, influyen en la implementación del servicio. El personal judicial, compuesto por personas de entre 18 a 65 años, ha tenido que profundizar sus esfuerzos para adaptarse a estos cambios y llevarlos adelante de la forma más profesional y con la mayor celeridad posible. Para ello fue necesario un gran fomento al compañerismo entre los integrantes del personal para lograr alcanzar resultados. Algunos con sus conocimientos técnicos y otros con su experiencia, se retroalimentaron para lograr avanzar e impedir una paralización mayor que hubiese tenido resultados catastróficos en el sistema. Esta situación también debió contar con liderazgos claros. Con fuerte llegada a sus agentes para alcanzar rápidamente el resultado deseado, como fue el caso del Juez Julio Grisolia y Ernesto Ahuad en el Juzgado 66 del fuero laboral de Capital Federal.
Esta oportunidad para alcanzar la modernización judicial que se ha traducido en la necesidad de encontrar respuestas ante la crisis, se generó como consecuencia de una decisión política en concreto proveniente de la Corte Suprema de Justicia en primer lugar y, posteriormente, en el ordenamiento que se generó desde la Cámara del fuero laboral en consonancia con lo expresado hace tiempo por diversos juristas. Sin la rápida búsqueda de respuestas y soluciones, y claro está, con discusiones arduas en el medio, no se hubiese logrado esta realidad.
Hay que resaltar que estos funcionarios, ante este conflicto tomaron la responsabilidad y avanzaron a ciegas en un terreno desconocido y con muchas dudas que se fueron despejando a medida que el tiempo pasaba. Había que dar una respuesta rápida y así se hizo. Ahora bien, con el cambio que se vivió a principios del 2020, y sumando al cambio de gestión que tuvo la Cámara en el año 2021, tanto la primera comisión como la actual decidieron continuar profundizando las políticas de implementación de tecnología que se venían aplicando desde el comienzo de la pandemia y se logró superar inconvenientes tales como las caídas de los servidores del sistema, la creación de estadísticas que tanto se solicitaban a pesar de que continúan siendo de difícil acceso y la actualización del sistema, entre otros.
La implementación de este tipo de aplicaciones tecnológicas en el Fuero, a pesar de ser un ejemplo que se está comenzando a repetir en otras áreas de gobierno, no es la ley en la administración pública del país y depende de la decisión política de aquellos que ocupan cargos de decisión para poder llevarse a cabo. Sin ese apoyo político se vuelve imposible profundizar grandes cambios en los procesos burocráticos a pesar de la gran relevancia que tuvo la pandemia en estas decisiones.
No se debe dejar de resaltar que sin decisiones políticas firmes que sirvan de motor para llevar adelante estas transformaciones en las maneras tradicionales de brindar servicios, se hace casi imposible poder desarrollar políticas que apliquen tecnología. En consonancia, se necesita contar con personal que tenga la capacidad de adquirir rápido los conocimientos tecnológicos necesarios para implementar diversas herramientas.
En este caso en particular la labor realizada por las gestiones de la Cámara y la iniciativa, obligada por la coyuntura, de la Corte Suprema de Justicia, han podido generar un sistema que, a pesar de necesitar de capacitación previa, supo crear en el personal un espíritu de retroalimentación entre experiencia y conocimiento técnico que permitieron una rápida adaptación a las nuevas herramientas.
Pero esto no debe ser lo único, en aquellas agencias que se desee llevar adelante un modelo como el que se llevó en el Fuero o en la Justicia en general, se deberá prestar mucha atención en la capacitación constante de los empleados para brindarle de herramientas que puedan usar en el día a día ya que al fin y al cabo, ellos son los que llevan adelante este servicio.
Los diversos actores que forman parte del día a día judicial laboral poseen opiniones sobre esta implementación, pero lo que se hace necesario resaltar, ante los intentos inentendibles de volver a un sistema obsoleto, del siglo XX, que nacen del deseo humano sectorial de resistirse a las transformaciones, es que después de mucho tiempo se ha dado un salto de calidad y eficiencia en el servicio de Justicia tal y cómo lo conocíamos.
Nada de lo que se debata puede estar fuera de los números. Los resultados son piezas clave a la hora de pensar la implementación de mejores procesos. Si partimos de esa base ¿Cómo vamos a creer que eliminar la implementación de tecnología, que tanto costó adquirir, va a resultar en un mejor servicio de justicia? ¿No aprendimos, en este tiempo de implementación, que se ha logrado avanzar a pasos agigantados hacia la aceleración de cada instancia de un juicio laboral? Si el debate es racional, la respuesta es una: NUNCA se tuvo este nivel de resolución de los reclamos de la ciudadanía.
Resultados prepandémicos
Cabe destacar que, hasta marzo 2020, el servicio brindado se realizaba de la siguiente manera. Cada escrito, petición, oficio, poder, cédula o solicitud que presentara alguna de las partes del expediente, debía ser presentada en el Juzgado correspondiente dentro del horario de 07:30 y 13:30 de lunes a viernes.
Esto producía una gran cola de letrados aguardando por presentar sus documentos en papel. Se dejaba un original en el expediente y el personal de mesa de entradas del Juzgado les sellaba poniendo fecha y hora de recibido a una copia idéntica que se quedaba el letrado para irse con la tranquilidad de que ese documento había sido entregado al juzgado dentro de los plazos establecidos.
En segundo lugar, además de esta entrega presencial de documentos papel, se encuentra la producción de prueba testimonial, donde testigos, partes y letrados se agolpaban en la puerta del Juzgado, esperando recibir el llamado de algún trabajador judicial quien era el encargado de llevar adelante la audiencia en cuestión. Esto se escribía en un archivo WORD que posteriormente se imprimía brindándole una copia a cada parte y que el original debía ser firmado por los presentes y el testigo.
Por último, cabe destacar que los letrados podían aproximarse al Juzgado y solicitar en mesa de entradas que se les de aviso a alguna autoridad para poder despejar dudas o realizar quejas con respecto a la situación de algún expediente en particular. Lo interesante de estos procesos, es que no existe un tiempo estimado de culminación de un juicio debido a que el accionar de cada Juzgado es independiente y depende mucho del liderazgo que tenga, el capital humano con el que cuenta y también la cantidad de expedientes que alteran el normal funcionamiento.
Ahora bien, desde marzo 2020 en adelante se han implementado diversas herramientas tecnológicas en las 5 etapas del servicio que han aumentado la eficacia y eficiencia del proceso según las experiencias recolectadas. Esto fue logrado como consecuencia de un trabajo a contrarreloj por parte de la Corte Suprema de Justicia, del órgano decidor de la Cámara, como así también de cada Juzgado laboral.
Aquí, el sistema DEOX para el envío y recibimiento de oficios, el sellado digital de cédulas, cuestiones impensadas dado el marco jurídico vigente que ante esta situación de crisis se tomó la decisión de flexibilizar.
No solo se profundizaron estas funciones dentro del LEX100, buscando una mejora del servicio como así también poseer una mayor cantidad de capacidades y soluciones a dudas, sino que también se oficializó el uso del mail institucional de cada juzgado para recibir y evacuar dudas por parte de los letrados. Este medio de comunicación fue central a lo largo de las etapas más crudas de la pandemia porque la vida de las personas que tenían juicios activos continuaba y necesitaban soluciones urgentemente, ni hablar aquellos que habían sido despedidos durante la pandemia y que a pesar de contar con el respaldo legal en los decretos presidenciales que se dictaron durante el 2020, los procesos son lentos y la vida diaria golpeaba mucho. Esto, junto con la posterior guardia presencial mínima en los Juzgados que posibilitaba la atención telefónica y a la vez cuidaba la salud de los participantes.
Como fue comentado previamente, la etapa procesal que más dudas generó fue la de prueba, particularmente la de prueba testimonial teniendo en cuenta que al no contar con la presencia del testigo, generaba pedidos de nulidad, oposiciones y un sinfín de pedidos por parte de los letrados. Esta etapa fue de las más discutidas, paralizando durante meses los procesos.
Una vez solucionado y aceptadas las nuevas normativas de crisis, gran parte de los Juzgados se han puesto con suma dedicación el objetivo de normalizar esta etapa y proseguir en la búsqueda de mejorar el servicio de justicia. Como consecuencia de la aplicación de estas medidas, se minimizó la cantidad de veces que un interesado debía concurrir al Juzgado, eliminando el abarrotamiento y, mucho más importante, evacuando las dudas de manera constancia y sin demoras. Esto se debe a que también se destinó a una persona dentro de cada Juzgado a la respuesta de mails y posterior distribución de las consultas de acuerdo a cada responsable encargado de despachar el expediente. Por otra parte, como consecuencia de visitas a los Juzgados para realizar la presente tesis, se constató que se equipó a cada Juzgado con un escáner para digitalizar la documental que sea precisada por alguna parte que se encuentre en el expediente físico y que era imposible de retirar. Además, se envió a cada empleado judicial un paquete de programa llamado “Checkpoint” desarrollado por el equipo de informática del Fuero, que posibilitaba la conexión remota, desde el hogar y con cualquier PC, notebook o equipo digital al LEX100, herramienta básica para el despacho de expedientes.
Otra actualización importante a resaltar es la utilización de la firma digital. Ya no se debe esperar la firma en papel del Juez e imprimir cada proveído realizado por los empleados judiciales, sin que, a través del sistema de firma digital, que no existía en el fuero hasta la pandemia, se aceleraron los procesos de firma y posterior impacto en el expediente digital en el LEX100, plataforma que también usan los letrados para conocer las resoluciones.
Otro gran cambio fue el de cobro. Hasta el 2020 los cobros de cuotas se realizaban a través de cheques y en muy poca proporción a través de transferencia judicial. En la actualidad se eliminó el uso de chequeras por parte de cada juzgado y se digitalizó por completo la etapa de ejecución de sentencias o conciliaciones.
Cabe destacar, en el plano ambiental, que todas estas mejoras han minimizado el uso de papel dentro de los juzgados a casi 0 y ha aumentado el espacio físico de las oficinas ya que se destinó a otros fines, como por ejemplo la instalación de más computadoras, el sitio que estaba reservado para resguardar los archivos físicos de cada expediente.
Analizando los avances en la aplicación de la tecnología, estas mejoras han servido para cumplir con los objetivos propios del gobierno electrónico, en este caso en el Poder Judicial, al cumplir con las necesidades de la gente y las expectativas en el “Front-office side” y que las operaciones internas se hayan podido agilizar, transparentar, contar, generar eficiencia y un proceso efectivo en las actividades administrativas.
¿Qué mejoramos?
Desde el momento preciso en el que la Justicia se reorganizó ante las circunstancias que trajo consigo la pandemia, se puso en marcha una modernización total de los procesos. El acceso a las mesas virtuales, la implementación total del sistema DEO y DEOX para el diligenciamiento y contestación de oficios, la posibilidad de presentar escritos 24 horas los 7 días de la semana y las audiencias remotas son ejemplo claro de ello. Nunca fue tan práctico y rápido. Este hecho lo venían planteando desde hace tiempo innovadores en el campo como el Juez Julio Grisolia y el Secretario Ernesto Ahuad en sus publicaciones, pero era entendible, hasta esos primeros meses de aplicación que trajeron no solo la posibilidad de continuar los juicios, sino también una mejora total en la implementación, que existieran resistencias en los actores más conservadores que forman parte del día a día judicial.
Al verse resueltas esas primeras dudas, se pudo concluir que la implementación de tecnología no era ni por cerca inviable. Las nuevas generaciones de abogados lo supieron aprovechar y aquellos que poseen mayor experiencia, con el tiempo, entendieron que esta circunstancia, esta prueba obligada, estaba siendo un éxito. Así lo pudimos corroborar los agentes judiciales que, día a día, conversamos con las partes y letrados, atendiendo sus reclamos o propuestas en un mundo que cambiaba.
Hoy, ya es un hecho. Nos acostumbramos a estas mejoras, y está bien que así sea, pero siempre pensando en cómo mejorar con lo construido, no para volver atrás. La tasa de participación efectiva de los testigos en los juicios ha aumentado exponencialmente al facilitar su presencia sin necesidad de realizar grandes traslados físicos. Las posibilidades de llevar adelante procesos judiciales, por parte de los letrados, también se ha maximizado sin lugar a dudas. ¿Cómo es posible estar en 2 lugares con 5 minutos de diferencia debido a que una audiencia se estiró más de lo pensado? A través de la tecnología.
Cabe destacar que, en el caso particular de las audiencias remotas, he realizado una tesis de maestría en Políticas Públicas de la Universidad Di Tella que se encuentra a disposición para su lectura. La misma fue titulada: “La tecnología y el Poder Judicial: oportunidad ante la crisis” y analiza con profundidad los efectos -positivos- que se generaron al tomar la decisión de continuar con esta práctica moderna y eficiente. Al entrevistar a todos los sectores que componen el día a día judicial y analizar resultados de aplicación se llegó a la conclusión de que:
“En resumen, los efectos que arroja la implementación de herramientas tecnológicas como Zoom para las audiencias remotas y, por su parte, el desarrollo en profundidad de las capacidades del LEX 100, que durante sus primeros años de aplicación no se habían explorado, son por demás benéficos para el servicio de justicia que brinda el Fuero Laboral de la Justicia Nacional.
Por otro lado, a pesar de que estos cambios han generado algunos resultados adversos, no solo fueron los esperables debido al cambio de método, sino que fueron rápidamente superados ya que se han encontrado alternativas en la práctica que disminuyeron al mínimo los problemas causados por la conectividad, por un lado, y por otro la dificultad de comunicación “cara a cara” se ha sorteado debido al actual sistema mixto de atención que se lleva a cabo tanto presencial como virtualmente.”
Miremos los hechos
A pesar de que la modernización del área no se detiene, se vienen dando diversas discusiones acerca de lo que depara el año 2023. Una de las más interesantes es qué decisión se va a tomar con respecto a las audiencias testimoniales virtuales, como se afirmó previamente, muchos defienden las audiencias remotas ya que mucho se ha mejorado pero existen algunos sectores que se resisten a las modalidades de hoy en día y no solo aquellos que poseen muchos años de experiencia, sino jóvenes que recién arrancan.
Las audiencias virtuales brindan facilidades claramente resaltables y nos hacen pensar en la necesidad de iniciar conversaciones para actualizar el código procesal civil, principal justificación de aquellos que no están de acuerdo con el avance de la tecnología en la Justicia.
Estas dos discusiones serán la clave en este año, ya que muchos juzgados han optado por un sistema semipresencial de audiencias, donde el testigo va al juzgado y los letrados se conectan con ZOOM pero mes a mes, el número de juzgados que optan por la opción remota es cada vez mayor. Otro punto en cuestión que se viene profundizando es el de instalación de servicio WI-FI en los juzgados que, además de ser ineficientes, no se comparan en lo más mínimo con las ventajas comparativas que arroja la implementación del teletrabajo en el día a día judicial.
Los cambios tan radicales siempre serán sometidos al debate y eso es sano. Para arribar a la implementación que tenemos hoy fue necesaria la escucha activa de letrados, funcionarios y empleados judiciales. Entre todos, fuimos parte de una transformación que costó y llevó su tiempo. Las opiniones brindadas fueron tenidas en cuenta para superar barreras y navegar lo desconocido de manera segura y decidida. Ahora bien, lo que no es entendible desde lo racional es negar cuestiones que en la práctica se llevan a cabo.
La atención presencial en los Juzgados no fue eliminada, sino garantizada desde el primer momento. Los letrados pueden acercarse físicamente a las mesas de entrada para realizar reclamos y/o consultas como fue siempre. Entonces, ¿Por qué tribunales no se encuentra colmado de profesionales haciendo largas colas, perdiendo tiempo y frustrándose? Si la atención presencial se encuentra activa y si los juzgados pueden optar por los diferentes mecanismos dispuestos para llevar adelante sus audiencias 80 o de testigos (presencial, semipresencial o remota) ¿Por qué los letrados no continúan optando por la presencialidad como su primera opción?
Las respuestas a estas preguntas se las dejo al lector. Los hechos hablan por sí solos y se observan a simple vista. Tenemos la responsabilidad de pensar mejores procesos, pero para eso debemos llegar a un consenso básico, dejando atrás lo obsoleto. La implementación de tecnología y la existencia de diversos canales de atención han sido un éxito. La nostalgia es sana, siempre y cuando no afecte al presente y no sea un ancla que imposibilite continuar mejorando el servicio de justicia.
Para culminar es importante resaltar la necesidad de expandir esta clase de casos que le simplifican de cierta manera la vida a la sociedad. La implementación de tecnología en los procesos estatales está al alcance y se necesita voluntad política de los superiores, personal capacitado en cada área, recursos y escuchar al público. ¿Quién mejor que los trabajadores y consumidores para especificar de qué forma se podrían mejorar los servicios que utilizan día a día? Cumpliendo con estas bases, es muy probable que la modernización estatal sea posible en el futuro cercano y que este caso de estudio mañana sea uno más dentro de la inmensa red de agencias estatales que aplican tecnología en sus servicios.
En resumen, los efectos que arroja la implementación de herramientas tecnológicas como Zoom para las audiencias remotas y, por su parte, el desarrollo en profundidad de las capacidades del LEX 100 que durante sus primeros años de aplicación no se habían explorado, son por demás benéficos para el servicio de justicia que brinda el Fuero Laboral de la Justicia Nacional. Por otro lado, a pesar de que estos cambios han generado resultados negativos, no solo fueron los esperables debido al cambio de método, sino que fueron rápidamente superados ya que se han encontrado alternativas en la práctica que disminuyeron al mínimo los problemas causados por la conectividad, por un lado, y por otro la dificultad de comunicación “cara a cara” se ha sorteado debido al actual sistema mixto de atención que se lleva a cabo tanto presencial como virtualmente.
- Licenciado en Ciencia Política – Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Magister en Políticas Públicas – Universidad Di Tella. Docente – Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Judicial ↑
- Afte.com.ar. 2022. Un error en la matrix judicial llamado lex 100. [Online] Disponible en: [Acceso 29 agosto 2023] ↑
- Afte.com.ar. 2022. Un error en la matrix judicial llamado lex 100. [Online] Disponible en: [Acceso 29 agosto 2023]. ↑
- Afte.com.ar. 2022. Un error en la matrix judicial llamado lex 100. [Online] Disponible en: [Acceso 29 agosto 2023]. ↑
- Afte.com.ar. 2022. Un error en la matrix judicial llamado lex 100. [Online] Disponible en: [Acceso 29 agosto 2023]. ↑